Con más simpatizantes que socios, con menos presupuesto que una familia de clase media inferior, sin subvenciones y ninguneada por las autoridades, una asociación que sostiene la bandera del 25% de enseñanza en castellano -lengua materna del 52% de los catalanes- ha hecho perder el juicio a la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el Tribunal Supremo; además ha colocado en la agenda política de España y del Parlamento Europeo la discriminación del español en los colegios de Cataluña. Parece el enunciado de un caso práctico para una escuela de negocios, pero es el retrato de la Asamblea por una Escuela Bilingüe que da la cara por los derechos lingüísticos de todos los catalanes. Son logros relevantes de una organización constitucionalista a contracorriente de los poderes oficiales, pero ¿qué y quiénes están detrás de ese tipo de organizaciones?
El movimiento cívico de Cataluña que se identifica con la Constitución en medio de un nacionalismo excluyente adolece de orfandad política y económica. Las manifestaciones tras el 1-O que, promovidas desde Societat Civil Catalana (SCC), llenaron las calles barcelonesas el 8 y el 29 de octubre de 2017, despertaron la admiración de muchos españoles pero ni partidos políticos, ni empresarios, ni sindicatos, ni las “fuerzas de la cultura”, ni “las del Ibex” ayudaron a esa corriente políticamente plural. Se añadió que los artífices de aquella explosión popular gestionaron el éxito de un modo que sumió a SCC en un periodo de discrepancias internas.
El impulso cívico-constitucionalista se recompuso a finales de 2018 en torno a unas entidades dormidas mientras sus promotores estaban comprometidos con SCC. Son los casos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), presidida por Ana Losada, e Impulso Ciudadano, encabezada por José Domingo. O la estudiantil S’ha Acabat!, procedente de las juventudes de Societat Civil Catalana. Con el tiempo se han sumado plataformas sectoriales como Universitaris per la Convivència o Docents Lliures, y conviven con una docena larga de asociaciones como Cataluña Suma, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Aixeca`t, Alternativa Ciudadana Progresista, etcétera.
En pleno agosto de 2023, con los nacionalistas como árbitros de la gobernación de España, la resistencia más visible a las políticas supremacistas y excluyentes es la del movimiento catalán pro derechos civiles, que con su trayectoria y testimonio es el contrapunto al apaciguamiento del que presume Pedro Sánchez. El cuadro-resumen situado junto a estas líneas permite conocer qué hacen las tres asociaciones con más presencia e impacto sociopolítico.
Destaca por liderazgo e influencia la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Los efectos de su defensa de la cooficialidad de lenguas en la enseñanza se aprecian en la declaración del presidente de la Generalitat el 1 de este mes explicando su gestión en torno a cuatro ejes, siendo el cuarto “la defensa del catalán en la escuela”. Veinticuatro horas después, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) accedía a la petición de unos padres de Girona, asesorados por la asociación de Ana Losada, para que su hijo “reciba de forma efectiva en castellano” una o más asignaturas troncales aparte de la de lengua española. Ya son unos 50 los procesos judiciales iniciados vía AEB, siempre con resoluciones favorables en los términos del auto de Girona. De ahí que los independentistas arrecien en sus posiciones, como en la reacción de Puigdemont hablando de “un 18 de julio” de la Justicia española contra la lengua catalana.
Catorce organizadores
La AEB promovió una plataforma de catorce organizaciones, Escuela de Todos / Escola de Tothom, que canaliza la reivindicación “Español, lengua vehicular”, lema de la manifestación que congregó a más de 30.000 personas en Barcelona el 18/09/2022. Miembros de esa plataforma recogieron firmas de 1.643 familias pidiendo al TSJC la ejecución forzosa del 25% de enseñanza en castellano. Aquel despliegue fue posible con los estrechos recursos aportados por donantes anónimos, más unos 15.000 € recogidos en dos crowfunding. Con su limitado número de socios (cuota única de 80 €/año), la ayuda de 200 voluntarios repartidos por Cataluña y pequeñas donaciones particulares, la Asamblea por una Escuela Bilingüe mantiene una actividad que incluye asistencia gratuita a familias en materia de enseñanza bilingüe, educación especial o traslados, siendo desinteresada también la asistencia jurídica ante los tribunales.
Ana Losada, licenciada en Historia que trabaja como controller en una compañía de suministros industriales y padeció la imposible enseñanza bilingüe para su hija, ha intervenido en varias ocasiones desde 2017 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha acordado enviar una misión a Cataluña para “estudiar la exclusión del español en las escuelas catalanas”. La trayectoria de la AEB y de su presidenta ha trascendido fuera de Cataluña, recibiendo el Premio Fundación Hay Derecho 2022, a la vez que personas destacadas como Vargas Llosa, Alfonso Guerra, Díaz Ayuso, Félix de Azúa, Álvarez de Toledo, Savater, etc. promovieron su candidatura a los Premios Princesa de Asturias.
Denuncias de políticas excluyentes en Cataluña también han llegado a las instituciones comunitarias de la mano de otra organización, Impulso Ciudadano, fraterna de Asamblea por una Escuela Bilingüe, con quien comparte afanes y un local. Ana Losada pertenece a la directiva de Impulso Ciudadano y el presidente de ésta, José Domingo, es vocal de la AEB, coordinando las iniciativas jurídicas de esa entidad y las de Escuela de Todos. Cofundador de Ciudadanos, ex diputado al Parlament (2006/2010) y ex vicepresidente de Societat Civil Catalana, José Domingo, Letrado de la Seguridad Social en ejercicio, fue galardonado en 2018 por el Foro para la Concordia Civil con el Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales. Impulso Ciudadano se sostiene con limitados recursos (cuota mínima de 15€/mes para socios), algunas donaciones y sin ayudas oficiales, salvo 2.600 € recibidos en 2022 del Parlamento Europeo, donde está registrada como lobby. Su directiva, junto a Domingo, la integran en su mayoría catedráticos y profesores de Universidad y de Enseñanza Media.
De las actividades de Impulso Ciudadano en 2022, el doble que las de AEB o las de SCC, destaca el estudio presentado a la Comisión Europea para su dictamen sobre el estado de derecho en España (2023 Rule of Law Report) publicado el pasado julio, figurando como organización colaboradora de la CE. Y son conocidos sus informes sobre símbolos y banderas en 947 ayuntamientos, seguidos de requerimientos y recursos. O la denuncia contra el presidente de la Generalitat que llegó a sentar en el banquillo a Quim Torra por desobediencia. En periodos electorales Impulso Ciudadano comprueba la neutralidad oficial, lo que en la pasada campaña del 28M ha plasmado en 201 denuncias ante las Juntas Electorales. Así mismo lleva cuatro años publicando, junto al Movimiento contra la Intolerancia, los balances del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña.
Varios directivos de Impulso Ciudadano proceden de Societat Civil Catalana, la marca más conocida por la movilización de octubre de 2017 contra el 1-O. Desde 2018 SCC ha tenido cuatro personas en la presidencia, que desde hace más de un año la ocupa Elda Mata, empresaria del sector agropecuario de Girona y reciente Premio Mérito por España, del CEU, acompañada de un grupo de profesionales. Las cifras internas de esta asociación son muy superiores a las de las otras entidades, con el nivel de actividades reflejado en el cuadro de datos al comienzo de este texto. Declara en el ejercicio último 550 socios (cuota mínima de 10€/mes) y más de 7.000 simpatizantes, destacando notablemente por sus recursos: un presupuesto anual de 378.000 €.
En la trayectoria de Societat Civil Catalana, participante en Escuela de Todos, las actividades socioculturales representan un 70%, centradas en presentaciones de libros, conciertos, conferencias, etc., con escasos informes, comunicados e iniciativas ante las instituciones, siendo habituales sus encuentros con diplomáticos acreditados en España. Destaca en el balance de SCC haber conseguido que el Tribunal de Cuentas mantenga el procesamiento de once altos cargos de la Generalitat por malversación en el 1-O.
Recuerda Cayetana Álvarez de Toledo en Políticamente indeseable (Ediciones B. 2021), que en sus inicios SCC recibió apoyo económico alentado desde el Gobierno de Mariano Rajoy. La hoy diputada del PP por Madrid, a finales de 2013 condujo a la Moncloa a José Ramón Bosch con el proyecto de Sociedad Civil Catalana, recibiendo allí la indicación de contactar con el Banco Santander. Álvarez de Toledo se desvinculó de SCC al ver que quedaba supervisada por Jorge Moragas, empeñado en acercarla a los intereses del PSC. En otro rincón del libro su autora deja caer: “ (…) sobre todo pienso en la histórica manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona, con su brillante carga emocional y política, y su frustrada capacidad de transformación.”
Al poco del encuentro en Moncloa, ya en 2014, se constituyeron Societat Civil Catalana y la Fundación Joan Boscà. Una de las líneas de acción de esta última es apoyar económicamente a quienes “contribuyan a la consecución de los fines de la Fundación”, dos de cuyos objetivos son “Recuperar el relato de la incontestable realidad histórica de Catalunya como parte esencial de España” y mejorar el conocimiento “de la realidad catalana en España y en Europa”. La presentación corporativa de la Fundación Joan Boscà incluye a Sociedad Civil Catalana, a la “red independiente y transversal” Consenso y Regeneración y a la “iniciativa ciudadana, plural y transversal” España Juntos Sumamos.
Preside Joan Boscà el empresario catalán Joaquín Güell Ampuero, hasta 2018 cónyuge de Cayetana Álvarez de Toledo, contando el patronato con nombres destacados del mundo empresarial como Claudio Boada, Javier Vega de Seoane, Félix Revuelta, Mónica Oriol, Jaime Malet…, así como el promotor de SCC Josep Ramón Bosch y su vicepresidente Álex Ramos. La fundación también apoya a otras asociaciones entre las que no figura ninguna más de Cataluña.
Las instituciones nacionalistas ignoran, cuando no descalifican, el movimiento constitucionalista, que solo mantiene contactos esporádicos con el PSC de Salvador Illa. Socialistes de Catalunya muestra en privado un discurso cordial hacia el constitucionalismo, pero se une al Govern en la triquiñuela legal para incumplir el 25% de enseñanza en castellano y en otras políticas nacionalistas. Es revelador al respecto el caso de Mª Eugènia Gay, hoy teniente de alcalde de Barcelona por el PSC. Hace pocos años, cuando se presentó para decana del Colegio de Abogados de Barcelona solicitó, obteniéndolo, el apoyo de los letrados miembros de entidades como las aquí citadas para cortar el paso a los nacionalistas. Poco después, ejerciendo Gay de Delegada del Gobierno en Cataluña se puso de perfil ante las reclamaciones de quienes le habían apoyado, para activar la Alta Inspección Educativa que garantizara el bilingüismo, para hacer cumplir en edificios oficiales las leyes sobre banderas y símbolos o pronunciarse frente a las autoridades independentistas en sus boicoteos y faltas de respeto institucional al Jefe del Estado.
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