Cien millones de euros. Esa es la cantidad que UPyD cree que debe el Gobierno madrileño a los ciudadanos a los que ha expropiado terrenos para construir carreteras y han recurrido a los tribunales por no estar de acuerdo con la cifra que ofrecía el Ejecutivo regional.
La diputada de UPyD Loreto Ruiz de Alda ha solicitado al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, que explique la situación de las expropiaciones en la región, algunas provenientes de cuando mandaba en la región Alberto Ruiz-Gallardón.
Ruiz de Alda echó en cara al Gobierno en una anterior comparecencia que en el año 2012 el presupuesto regional hablaba de destinar 20 millones de euros a expropiaciones y finalmente la liquidación alcanzó los 34 millones ese ejercicio. Para el año 2013 estaban presupuestadas 4 y se habían liquidado en noviembre 13 millones. Y en 2014 estaban previstas 21 millones de euros. Loreto Ruiz de Alda cree que 65 millones de euros en tres años es mucho dinero.
Precios bajos que terminan en reclamaciones y condenas
En el año 2013 aún había en esa consejería de Transportes 923 expedientes pendientes de resolución judicial, un 15% de los 5.972 que se tramitaron entre 2000 y 2013. La diputada señala que en las expropiaciones de la M-45 se pagaron desde 43 céntimos por metro cuadrado a 3,82 euros en terrenos agrícolas, y en suelo no urbanizable de 3,80 a 7,18 euros.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha establecido precios entre los 38,81 euros y los 51,93, más un 5% de desafección más los intereses.
Loreto Ruiz de Alda cree que la Administración comete el error de pagar un precio excesivamente bajo en las expropiaciones, lo que provoca reclamaciones judiciales que terminan con la condena a pagar más, pero también a abonar los intereses. “Esta es una mala práctica por parte de los gobiernos” dijo la diputada que espera que el consejero de Transporte le aclara este viernes en la Asamblea de Madrid la cifra exacta que se debe a los ciudadanos.
La respuesta de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda al respecto es que “los precios de las expropiaciones los ha establecido la justicia ordinaria tras los recursos planteados por los expropiados y que la Comunidad de Madrid tiene que respetarlos cumpliendo las resoluciones judiciales.”
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