Dentro de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) la lucha es encarnizada y las soluciones que se atisban no son halagüeñas. Parece ser que la guerra abierta entre las candidaturas del partido magenta solo ha empezado. Los afines a Irene Lozano claman contra Rosa Díez y el resto de la dirección por haber destinado los escasos fondos del partido a contratar a una empresa para espiarles. El grupo de "renovadores" que encabeza la diputada recuerda que solo se destinaron 100.000 euros a la campaña electoral del 24-M y que hay un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en marcha. Desde la dirección niegan que haya habido espionaje y justifican el análisis a los correos de Ignacio Prendes, quien no descarta emprender acciones legales y hace hincapié en que ni uno solo de los emails de la discordia fue escrito por él.
A menos de un mes para el cónclave que decidirá el futuro de la formación magenta, dos de las listas que competirán por el liderazgo se hayan inmersas en una suerte de guerra sucia. El lunes se supo que Irene Lozano pedía a la Comisión de Garantías una sanción para Díez y el resto de la dirección por el presunto espionaje de sus emails. Los dirigentes respondieron que no habían espiado, sino que habían analizado "legalmente" la cuenta del citado Prendes una vez que este ya no estaba en el partido. Dos versiones antagónicas sobre unos hechos cuanto menos sorprendentes.
Malestar y filtración
En este contexto, fuentes de la candidatura Renovadores UPyD que lidera Lozano narran a Vozpópuli su profundo malestar con lo sucedido en las últimas horas. No dan crédito, por ejemplo, a que se haya filtrado a los medios el famoso informe sobre el espionaje elaborado por la dirección. Porque consideran que dicha filtración se ha hecho con la finalidad de minar sus opciones en el III Congreso de UPyD del próximo 11 de julio, al igual que, a su juicio, antes se filtraron los correos de ese informe para desprestigiarles. Igualmente dicen frotarse los ojos para creerse que dos miembros de la dirección aparecieran en rueda de prensa el lunes por la tarde para explicar cómo se había contratado a una empresa para rastrear correos electrónicos.
La candidatura de Lozano ha reclamado a la dirección los datos sobre el coste de contratar a una empresa para rastrear correos en plena crisis económica del partido
Los afines a Lozano consideran "inaceptable" que la cúpula de UPyD, liderada por Díez y Andrés Herzog, "fuera capaz" de contratar a una empresa para investigar emails "cuando en la campaña electoral solo se pudieron gastar 100.000 euros, cuando se han abandonado las causas judiciales por falta de fondos y cuando hay un ERE para despedir a la mayoría de empleados del partido". "Se han usado fondos del partido -denuncian- para favorecer a una candidatura y para disparar contra otra formada por críticos con la dirección".
De hecho, desde esta candidatura de Lozano aseguran que han pedido formalmente al Consejo de Dirección las cifras exactas del coste que tuvo para las arcas de UPyD la contratación de la empresa que investigó "bajo supervisión notarial" los correos electrónicos de algunos miembros de la formación. Todavía no han recibido respuesta por parte de una dirección que insiste en que no ha habido espionaje alguno, sino solo un análisis de la cuenta de correo de Prendes una vez que fue expulsado y ante notario.
Prendes no descarta ir a los tribunales
UPyD analizó la cuenta de correo de Prendes, pero curiosamente en el informe constan correos electrónicos que otras personas le envían, pero ninguno enviado por él
Uno de los puntos más llamativos de este asunto es que, según la propia versión de los dirigentes de UPyD, se contrató a una empresa, Forest Digital, para que analizase la cuenta de Ignacio Prendes, expulsado del partido y enrolado después en Ciudadanos. En conversación con este diario, el propio Prendes hace hincapié en un hecho cuanto menos significativo: él no escribió ni uno solo de los emails incluidos en el informe elaborado por la dirección. Y lo cierto es que, curiosamente, en el informe constan correos electrónicos que otras personas envían a Prendes, pero ninguno enviado por él.
Prendes confirma que, como dijo el día anterior a la prensa asturiana, no descarta emprender acciones legales contra Díez y el resto de dirigentes del partido magenta. A su juicio, este es "un asunto muy grave", dado que se han vulnerado "mi derecho al secreto de las comunicaciones" y "mi derecho a la intimidad". Eso sí, insiste en que no quieren que utilicen su nombre en una "batalla interna" de un partido en el que ya no milita. Y, por último, recuerda que fue expulsado en abril, justo cuando convocó una asamblea de afiliados de UPyD en Asturias que mayoritariamente se pronunció a favor de buscar un acuerdo con Albert Rivera y los suyos.
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