La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha afirmado este domingo que el cuerpo se siente huérfano frente a las "graves acusaciones" de Junts contra responsables policiales y ha denunciado "el silencio aparentemente cómplice" del Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.
En una nota, la asociación profesional se refiere a las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante el reciente debate en la Cámara Baja de la creación de la comisión de investigación de la Operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo.
"La portavoz de Junts ha descalificado a jueces, responsables policiales y periodistas, llamándolos indecentes, oscuros, responsabilizándolos de la politización de la Justicia e indicando que en un país normal deberían ser cesados y juzgados", afirma la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Añade que no es su función valorar la decisión de amnistiar a los condenados, pero sí es su competencia la de "defender los intereses profesionales, económicos y sociales del colectivo que representa, y por ello no puede sino levantar la voz para reclamar respeto hacia la Guardia Civil y a los mandos que están siendo falazmente acusados por Junts".
Este partido independentista, "lejos de agradecer que las Cortes españolas estén dispuestas a perdonar a quienes han sido condenados, tratan de invertir el relato y convertir en delincuentes a quienes han velado por el cumplimiento de la Ley".
Recuerda que la Guardia Civil, en su faceta investigadora actúa como Policía Judicial bajo la dirección y dependencia funcional de la autoridad judicial, por cuanto a estos efectos "el Poder Judicial no debería olvidarse de amparar a la Policía Judicial, en particular a quienes han sido señalados de forma expresa" por Míriam Nogueras.
"Pero no son las críticas de la portavoz de Junts, ni que intente invertir el relato lo que nos hiere, pues a estas alturas la sociedad española sabe perfectamente quienes son unos y otros, sino el silencio aparentemente cómplice del Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil frente a estas graves acusaciones dirigidas a los responsables policiales".
A su juicio, "en una país normal el ministro del Interior no tardaría en defender el prestigio de las Fuerzas de Seguridad que operan bajo su dirección y mando".
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