El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha rechazado este lunes el recurso del Gobierno español contra la multa de 18,93 millones impuesta a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana, alegando que el recurso interpuesto presentado por el Ejecutivo es inadmisible al solicitar que se anule la investigación de la Comisión Europea sobre los datos de déficit de la Comunidad.
En un auto del 3 de septiembre publicado este lunes, el tribunal señala que solo constituyen actos que pueden ser impugnados las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución al término del procedimiento, por lo que quedan excluidos los actos de trámite, cuyo objetivo es preparar la decisión final y cuya legalidad puede cuestionarse con recurso contra la citada medida. Por ello, España solo puede interponer un recurso contra la decisión lesiva, es decir contra la del Consejo de la UE de imponerle la multa de casi 19 millones de euros, señala la corte, con sede en Luxemburgo.
"Negligencia grave"
El falseamiento de las cuentas se produjo entre 1988 y 2011, pero la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, ya que la Comisión Europea -responsable de presentar la propuesta de sanción- sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados miembros desde entonces. En 2012 se corrigieron los problemas detectados.
"Nuestra investigación ha concluido que la Comunidad Autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios", dijo el pasado mayo la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, al anunciar que Bruselas pediría una multa para España. "Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", agregó.
El Ejecutivo comunitario hizo responsable de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, y consideró que actuó en solitario. Además se ha tenido en cuenta que las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación.
