Bruselas evaluará la ley de amnistía para verificar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. Así lo ha anunciado el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, al término del bronco debate sobre el Estado de Derecho que ha tenido lugar este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Reynders ha explicado que la Comisión, en calidad de guardiana de los tratados europeos, llevará a cabo un análisis "independiente y objetivo" tanto del texto de la ley como de sus enmiendas.
El PSOE había repetido hasta la saciedad en los últimos días que Europa no debía ser el foro de un debate sobre la amnistía por ser, en su opinión, una "cuestión interna" de España. Sin embargo, el mensaje de la Comisión Europea en su intervención en el debate con los eurodiputados ha ido claramente en contra de las pretensiones socialistas. Reynders ha dejado claro que Bruselas "seguirá muy de cerca esta cuestión" y en este sentido, se ha puesto a disposición de las autoridades españolas con quienes ya ha mantenido contactos estrechos a lo largo de los últimos días.
Tras un debate en el que no estaba programado ningún tipo de votación, Reynders ha recordado que el análisis de Bruselas será "sobre el texto final que apruebe el Parlamento español" y que es todavía en ese marco en el que se sitúa ahora la discusión y toma de decisiones. Sin embargo, en su intervención, el comisario también ha recordado el aluvión de cartas y de mensajes de ciudadanos y de eurodiputados preocupados por la legalidad los acuerdos alcanzados por el PSOE con independentistas catalanes para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.
Reproches por las reformas pendientes
Por otra parte, el comisario de Justicia también ha reprochado a España el salto de jueces y fiscales a la política y que el CGPJ siga sin renovarse y no se hayan tomado medidas para mejorar el nombramiento de los jueces. En su repaso al Estado de Derecho en España, Reynders ha lamentado la situación del CGPJ y los efectos de su falta de renovación en el funcionamiento del Tribunal Supremo (TS) por la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones.
Y al día siguiente de que el Tribunal Supremo haya anulado el ascenso de Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal de Sala, el comisario ha advertido de que "sigue habiendo problemas con el fiscal general y con su mandato, que coincide con el de otras instituciones", cuando considera que "debe evitarse que coincidan los mandatos y reforzar el régimen de incompatibilidades de los jueces y otros cargos". Además, ha puesto el foco sobre que "los jueces acumulen antigüedad cuando ostentan un cargo político".
En este sentido, el comisario de Justicia también ha apuntado a la nueva legislación anticorrupción y a la necesidad de reforzar los conflictos de intereses y ha considerado que la Oficina de Conflictos de Intereses debe reforzar sus controles y sanciones.
Otro de los asuntos que ha criticado es el "uso excesivo de los procedimientos de emergencia que soslayan la consulta pública", en alusión a los Reales Decretos-leyes pero también a proposiciones de ley como la de la amnistía.
Socialdemócratas europeos silenciados
La apertura del debate ha corrido a cargo de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, en calidad de representante del Consejo de la UE ya que España ostenta la presidencia de turno en este semestre. Se ha limitado a seguir la línea argumental del Gobierno al defender el compromiso de España con el Estado de Derecho y subrayar que el Parlamento Europeo no debería ser el foro, en su opinión, para cuestiones nacionales.
En cuanto a los eurodiputados, Vozpópuli informaba este miércoles del malestar y preocupación entre socialistas europeos por el lugar en el que coloca al Partido la amnistía de Pedro Sánchez. Una internacionalización sin precedentes de la ola de cesiones que el PSOE ha negociado con el independentismo catalán a lo largo de los últimos meses que les sitúa en el espacio de Hungría y Polonia y en la posición contraria a la que venían defendiendo. Eurodiputados socialistas alemanes, holandeses, daneses y de otras nacionalidades cuestionan la amnistía en privado aunque, de momento no se atreven a hacerlo en público, según ha podido saber este periódico.
Esta incomodidad no es de extrañar puesto que los eurodiputados socialistas que reprobaron a Carles Puigdemont han visto ahora como la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, uno de los cargos del PSOE que más ha combatido la imagen de perseguido político del expresident, justifica la amnistía a cambio de siete votos. Es su "responsabilidad contribuir a un Gobierno progresista", dice ahora la líder de los socialistas europeos.
Para el debate de este miércoles en el Grupo Socialista se han elegido perfiles muy afines a Sánchez, españoles y de otros países. Han intervenido la propia García, Javi López y Juan Fernando López Aguilar, junto con un finlandés, un portugués y un alemán con una posición sin fisuras.
García ha advertido de entrada en rueda de prensa de que el pacto de Gobierno en España no ha generado "ninguna tensión" dentro del grupo político que lidera en el Parlamento Europeo. Al contrario, "a quien veo muy tensionado es al PPE y al PP". "Esta ley de amnistía es una ley que respeta al 100% la Constitución de nuestro país. No hay ninguna amenaza para el Estado de Derecho ni en España ni en Europa", ha zanjado. Antes del debate, ha asegurado que éste daña la imagen de España y que su Grupo quería defender su postura desde las "ideas".
García ha acusado a Manfred Weber, presidente del PPE, de mentir por decir que la amnistía afecta a delitos de terrorismo, y ha asegurado que estos quedan fuera pero ha ocultado que sólo en los que haya sentencia firme. Los que estén siendo investigados y en proceso judicial serán amnistiados.
"Han dado la razón a los secesionistas"
La intervención más encendida ha sido la del también socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha asegurado que la proposición de ley es plenamente constitucional y ha acusado al PP de "paralizar la renovación del CGPJ hasta la náusea" y de "filibusterismo" por la reforma del Senado para paralizar una ley de urgencia".
Por parte de los populares, han intervenido Manfred Weber y Dolors Montserrat en primer lugar, seguidos de eurodiputados de distintas nacionalidades que han expresado su preocupación por la amenaza al Estado de Derecho que perciben en España. Uno de ellos, polaco, Andrej Halicki, ha recordado al Parlamento y a la propia Iratxe García cómo defendieron a los ciudadanos polacos de leyes que suponían una afrenta a la independencia del poder judicial y que gracias a su ayuda no se aplicó.
El socialista Pedro Marqués se ha enzarzado con Weber y con su compatriota popular Paulo Rangel, que intervino en la manifestación del sábado en Madrid, a cuenta de las acusaciones del líder del PPE a los socialistas lusos por el caso de corrupción que ha hecho caer al Gobierno de António Costa.
Del lado de Renew ha intervenido en primer lugar Adrián Vázquez, jefe de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara, que ha subrayado que la ley de amnistía convierte a los "políticos en una casta intocable a la que se borra la prevaricación, la malversación y la corrupción e incluso se impide investigar el terrorismo" y ha interpelado al Parlamento sobre "si ahora es diferente cuando se trata de quien dice ser de los vuestros". Y ha cerrado Maite Pagazaurtundua, que ha advertido de que "no se trata sólo de que hayan dado a los separatistas impunidad a cambio de siete votos sino que les han dado la razón, que no tenían y no tienen".
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