El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9 ha tumbado la concesión de medallas de plata pensionadas a media docena de comisarios principales de Policía Nacional jubilados a los que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska premió el año pasado con esa condecoración (que es la de mayor categoría que puede recibir un agente en vida) y que ahora, tras una demanda presentada por varios sindicatos policiales -entre los que figuran la Confederación Española de Policía (CEP) y Jupol-, vuelve a ser anulada por un órgano judicial por cuarto año consecutivo.
Según apunta CEP, la sentencia, que anula esa recompensa profesional para quienes hasta el momento de jubilarse ostentaron el cargo de comisario general de Policía Científica, jefe de la División Económica y Técnica, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento y jefes superiores de Baleares, Murcia y Castilla y León, avala los argumentos en los que este sindicato basó su demanda y que tienen que ver con la "vulneración de la normativa y procedimientos que regulan la concesión de condecoraciones en Policía Nacional".
"En este sentido, la decisión judicial acredita, una vez más, que el Ministerio del Interior vulneró los requisitos establecidos para conceder ese destacadísimo reconocimiento". Y añade: "Con esta resolución judicial, Interior vuelve a ver cuestionada su estrategia de premios de fin de carrera a determinados mandos que se jubilaron y que en ningún caso corrieron un riesgo físico real que pudiera justificar siquiera el plantear la concesión de una condecoración".
Revés a Marlaska
El sindicato recuerda que la Audiencia Nacional ha tumbado ya las medallas de plata concedidas por el ministro, Fernando Grande-Marlaska, en 2020, 2021 y 2022, a las que ahora se suman las de 2023.
Por su parte, Jupol afirma que el juez ha tumbado estas medallas “por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el artículo 2 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, de condecoraciones oficiales, que implementa los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la orden del mérito policial".
Para la organización sindical, la concesión de estos ingresos en la Orden del Mérito Policial se trata de “una actuación administrativa tomada a capricho y conveniencia, de manera arbitraria y solo basándose en el deseo de la Administración, lo cual es absolutamente impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho”.
"Esperamos que esta sea la sentencia definitiva que haga al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía dejar de utilizar las medallas de forma injustificada y torticera, para complementar las pensiones de jubilación de los altos cargos policiales, mientras sigue sin abordar el verdadero problema de la jubilación de todos los policías nacionales, negando a todos los agentes una jubilación digna y en igualdad de condiciones al resto de los cuerpos policiales de España", concluyen desde Jupol.
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