El CGPJ rechazó por vez primera este miércoles dar su aval a un candidato a fiscal general. Ocho de los 15 vocales que deliberaron sobre la idoneidad de Álvaro García impusieron su criterio de no respaldarle al considerar que no cumple con el requisito de ser un jurista de reconocido prestigio. El motivo que esgrimieron y que decantó la balanza fue la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le atribuye "desviación de poder" en el ascenso de Dolores Delgado.
Fuentes del órgano de gobierno de jueces confirman a Vozpópuli que la principal motivación que les llevó a declararle inidóneo como fiscal general del Estado fue el varapalo que asestó hace apenas unos días el alto tribunal en la sentencia que tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Los ocho vocales se apoyaron en el fallo que condenó los argumentos de García Ortiz para elegir a su antecesora. La sentencia consideró que la desviación de poder fue "visible e innegable" puesto que aplicó a Delgado una suerte de "promoción automática" al considerar que debía adquirir la categoría más alta de la carrera tras haber sido fiscal general. Una actuación, explicaron los jueces, que no contempla la ley y que tampoco se podía arrogar el fiscal general en función de sus "preferencias personales".
El fallo del Supremo
Al respecto el fallo fue determinante para que los vocales críticos con el fiscal general terminaran por negar su apoyo. Aunque se trata de un trámite no vinculante, el pronunciamiento del CGPJ es especialmente relevante por lo inusual del resultado.
Este Consejo, que opera en funciones desde hace cinco años y que en apenas unos días cumplirá 10 años en funcionamiento, ha estudiado la idoneidad de seis fiscales generales (Consuelo Madrigal, Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz) y en ningún caso se negó el aval. Incluso el propio García Ortiz recabó el apoyo mayoritario al someterse a este trámite que recoge la ley en 2022 cuando cesó Dolores Delgado.
En ese caso, logró el respaldo de 12 vocales frente a siete que consideraron que no era idóneo por sus claros vínculos con Dolores Delgado. Las fuentes consultadas explican que el hecho de que hayan valorado a un fiscal que ya ha ejercido en el cargo y que vuelve a ser nombrado por el Gobierno también ha propiciado la respuesta negativa precisamente por su supuesta falta de neutralidad.
Al respecto el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que el mandato del fiscal general puede ser renovado en el caso en el que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, como ocurre con García Ortiz, cuyo nombramiento se recogió en el Real Decreto de 675/2022 del 1 de agosto del año pasado.
El fiscal general y Delgado
Con todo, en la deliberación que se prolongó durante poco más de una hora, salieron a relucir sus vínculos con Dolores Delgado. Cabe recordar que le nombró jefe de la Secretaría Técnica cuando era fiscal general. García Ortiz le devolvió el gesto cuando ésta cesó ya que primero la nombró fiscal de Sala de lo Militar (lo que implicó su ascenso a la máxima categoría de la carrera) y, tras ello, fiscal de Sala de Memoria Democrática, puesto que ostenta en la actualidad.
Ambos nombramientos se recurrieron ante el Supremo que ha tumbado el primero y estudia la repercusión directa que va a tener el pronunciamiento en el segundo. Al respecto la sentencia que le atribuye "desviación de poder" también determina que tiene una "estrecha relación de confianza" con Delgado.
Así pues, los ocho vocales que votaron en contra consideran que no cumple los requisitos que marca la ley para avalarle. Los mismos los recoge el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que determina que el fiscal general, que lo nombra el Rey a propuesta de Gobierno, se elige entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Al respecto en el debate se puso de manifiesto que García Ortiz cumplía claramente con la segunda de las condiciones que establece la ley pero cuestionaron que, a tenor de los últimos acontecimientos, se le pudiera considerar como un jurista de reconocido prestigio. Por ello algunos vocales de este sector tomaron la palabra durante el Pleno para exponer sus motivos contrarios a respaldar al fiscal general.
Un Pleno dividido
Los vocales del sector progresista que sí avalaron su idoneidad también se pronunciaron en el Pleno para defender su tesis. Este bloque expuso que García Ortiz sí cumple las condiciones exigidas en el Estatuto que regula su actuación y restaron importancia a la sentencia del alto tribunal.
Votaron en contra María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart mientras que sí manifestaron su respaldo el presidente interino Vicente Guilarte y los vocales Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya. Estos últimos anunciaron la redacción de un voto particular.
Por su parte, el vocal Enrique Lucas se ha abstenido porque su hermano Pablo Lucas forma parte de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal que estudió el recurso contra el ascenso de Delgado que ha terminado revocando.
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