El Tribunal Supremo ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la UE.
De este modo, será el Juzgado Central de Instrucción Número 2 quien seguirá investigando las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia a la presunta trama integrada por Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
El Alto Tribunal atiende la petición de la Fiscalía resuelve así la cuestión de competencia positiva planteado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y concluye que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
Se incluyen los contratos de Balares y Canarias
En el auto, notificado hoy, acuerda que en este momento debe ser el Juzgado Central de Instrucción nº 2 el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea, manteniendo ésta su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La Sala explica que de lo actuado hasta el momento lo que se investiga en estas actuaciones “es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales, con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización -presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal-.
Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación -posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública".
El criterio seguido por el Tribunal Supremo da igualmente cumplimiento a la petición de la Asociación Liberum, que litiga como acusación popular en el procedimiento, partidaria de la competencia del Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional frente a la Fiscalía Europea, criterio que ha terminado por validar el Supremo.
