España

Varios ex altos cargos de la Generalitat admiten que el fallo del TC no frenó el 9N

Todos los testigos que han declarado en el Tribunal Supremo han afirmado que recibieron las órdenes de seguir adelante con los preparativos del 9N pese a la prohibición dictada por el Constitucional. Esta tarde será el turno de declaración de Artur Mas.

Segunda sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el ex portavoz de la Generalitat Francesc Homs por la celebración de la consulta separatista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña.

Durante la jornada de este martes han testificado en la vista oral el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, el exdirector del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina, el ex director general de Atención Ciudadana y Difusión Ignasi Genovés, la exresponsable de publicidad institucional Mónica Osacar y el director jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo Carles Fabró.

Todos ellos han explicado a preguntas del fiscal Jaime Moreno, y ante la atenta mirada del tribunal presidido por Manuel Marchena, que pese a el Tribunal Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014 una providencia suspendiendo la celebración del referéndum alternativo desde el Gobierno catalán recibieron las órdenes de seguir adelante con los preparativos de la misma.

A dichos testigos les encargaron que gestionaran la contratación de servicios para celebrar el 9N como alquilar un pabellón en la Fira, difundir publicidad y enviar cartas con datos de mayores de 16 años cedidos por el Instituto de Estadística de Cataluña. Todos han coincidido en que cuando el TC suspendió la consulta nadie les ordenó que paralizaran dichos trabajos.

Está previsto que a las 16 horas declare en el Supremo el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas. El ex president declarará con obligación de decir verdad después de que este lunes el acusado Francesc Homs basase su estrategia de defensa en explicar que el fallo dictado por el Tribunal Constitucional, en concreto, la providencia dictada el 4 de noviembre de 2014, no era claro y no sabían cómo debía acatarse.

Homs se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación y otro de desobediencia. 

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