Nunca se supo su número exacto. Sólo que, tras un lento proceso en el que pasaban por otros centros penitenciarios, acababan siendo acercados a una cárcel del País Vasco. En concreto, a la de Álava. Eran los arrepentidos de ETA, los miembros de la organización que habían dado el paso de renegar de ésta y acogerse a la que fue bautizada como 'Vía Nanclares', el programa de reinserción que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, a punto de cumplirse dos años de la llegada del PP al poder y otros tantos del anuncio de la organización terrorista del abandono de la actividad terrorista, nadie sabe qué va a ser de ellos después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera por muerto en la primavera de 2012 dicho plan de los socialistas y creará el suyo propio al que no se ha acogido ningún recluso de la banda. "Interior no da instrucciones sobre qué pasos seguir con ellos. Da la sensación de que no sabe qué hacer", denuncian a este diario fuentes penitenciarias.
Los presos acogidos al programa de reinserción del gobierno de Zapatero aguardan desde hace meses que se resuelva su situación repartidos en cinco módulos de la cárcel alavesa de Zaballa
Según un reciente documento confidencial de Instituciones Penitenciarias al que ha tenido acceso Vozpópuli, son doce los presos etarras que se se han quedado 'atascados' en la fase final de la 'Vía Nanclares'. Todos ellos están repartidos en cuatro módulos de la cárcel alavesa de Zaballa, que sustituyó hace tiempo a la vieja de Nanclares de Oca que dio nombre al programa. El que más presos arrepentidos de la banda acoge es el número 8. en el que se encuentra Rafael Caride Simón (condenado, entre otros, por el atentado de Hipercor), Luis María Carrasco Aseginolaza (autor material de la muerte de un directivo de 'El Diario Vasco'), Ibon Echezarreta Echaniz (compañero en el comando Buruntza del anterior), Jesus García Corporales (miembro del comando Madrid y condenado a 83 años de cárcel) Valentín Lasarte (con penas que suman los 340 años por su implicación en siete asesinatos), Kepa Pikabe Ugalde (acusado de participar en más de veinte muertes), José Arizmendi Oiarzabal (condenado por un asesinato y otros trece frustrados) y el histórico miembro de la banda Joseba Urrusolo Sistiaga.
También hay miembros de la organización acogidos a la 'Vía Nanclares' en los módulos 13 y 16. En el primero se encuentra Aitor Bores, que cumple condena por colocar dos artefactos explosivos; y en el 16, Luis María Lizarralde Izaguirre, juzgado por dos asesinatos consumados y uno frustrado. Las dos únicas mujeres del grupo, Carmen Guisasola Solozabal e Idoia López Riaño permanecen recluidas en el módulo 10 del centro penitenciario. La primera llegó a ser la responsable de los comandos liberados de la banda y la organización terrorista la expulsó en 1998. La segunda, apodada Tigresa, es la etarra con más asesinatos a sus espaldas, 23, y con una ejemplar condena que suma 2.111 años. Su pareja sentimental es otro de los arrepentidos, Arizmendi Oiarzabal.
Bolinaga y otros
Además de los doce terroristas, Interior tiene en el módulo 7 de la prisión a un decimotercer etarra. Se trata de Jesús María Martín Hernando, miembro del comando Bizkaia de ETA en los años 90 y al que los médicos han diagnosticado transtornos mentales que han aconsejado su traslado a una prisión del País Vasco. En el documento de Instituciones Penitenciaria en poder de este diario también figura como adscritos a este centro otros cuatro miembros de la organización que en la actualidad disfrutan de libertad condicional. Uno es Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador José Antonio Ortega Lara que fue excarcelado hace ahora un año al considerar la Audiencia Nacional que se encontraba en estado terminal por culpa de un cáncer.
También aparece en la relación uno de dos únicos reclusos que hasta ahora ha podido culminar la 'vía Nanclares', Fernando de Luis Astarloa, quien en mayo de 2012 consiguió la libertad condicional tras pasar por todos los estadios del programa de reinserción. Los otros dos exetarras aún adscritos al centro son José Miguel Latasa Getaria, Fermín, autor del asesinato de Yoyes, y Miguel Simón Ruiz de Eguilaz. Ambos obtuvieron los beneficios penitenciarios que disfrutan en la actualidad en la época de los gobiernos de José María Aznar.
Parte del acuerdo cumplido
Los doce primeros se encuentran desde hace meses en una situación de stand by pese a haber cumplido los requisitos que recoge la ley para empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios: renuncia a la violencia, pedir perdón a las víctimas (algunos han celebrado encuentros cara a cara con algunas de ellas) y comenzar a hacer frente a las indemnizaciones civiles a las que fueron condenados. Una paralización que, al llegar al poder al PP, no se vislumbraba. De hecho, en los primeros meses del Ejecutivo de Mariano Rajoy se concedieron tres terceros grados y algunos acercamientos. Sin embargo, tras la polémica de la excarcelación por enfermedad de Uribetxeberría Bolinaga, y las posteriores protestas de los colectivos de víctimas, Interior cambió bruscamente de estrategia y frenó en seco cualquier movimiento de presos de ETA, incluidos los de de la 'Vía Nanclares'.
Los reclusos han optado por reclamar por vía judicial los beneficios penitenciarios que les niega el Gobierno de Rajoy desde que saltoó el 'caso Bolinaga'
Y ahí siguen los doce desde entonces. De hecho, desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han denegado sistemáticamente los permisos y progresiones de grado que solicitan estos reclusos. Por ello, el grupo ha optado por recurrir a los tribunales cada vez que se les niegan los beneficios penitenciarios a los que creen tener derecho... a veces con éxito. Así, el pasado mes de mayo la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto en el que otorgaba un permiso de tres días de salida a uno de ellos, Valentín Lasarte. El fallo judicial iba más allá y los cinco miembros de la sala, presididos por Fernando Grande-Marlaska, fijaban claramente los criterios legales que debían regir para que aquellos presos que hubieran abandonado la violencia y reconocido el daño causado pudieran acceder a beneficios penitenciarios.
Aquella decisión judicial fue recibida entonces con cierta esperanza por este colectivo, que esperaba que sirviera para poner de nuevo en movimiento la 'Vía Nanclares'. Sin embargo, no ha sido finalmente así. Los presos que aspiran a un permiso sólo lo consiguen después de recurrir a la vía judicial, mientras el Gobierno sigue esgrimiendo su fallido plan de reinserción de mayo de 2012 como único camino para conseguir acceder a los mismos. Una situación que, según reconocen fuentes polícas vasca consultadas por este diario, ha provocado una situación "absurda". "Da la sensación de que Interior no sabe qué hacer y que ha optado por dejar las cosas tal y como están, sin resolverla", denuncian éstas en una análisis en el que coinciden con fuentes penitenciarias: "Nada indica que esta situacón de bloqueo vaya a cambar en breve", añaden estas últimas. Los doce en la recta final de la 'Vía Nanclares' tendrán que seguir esperando.
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