El Gobierno sigue intentando acabar con las fundaciones franquistas. Esta semana ha dado un paso más al aprobar el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. La tramitación del texto en el Congreso comenzará en septiembre. Mientras tanto, pone en el punto de mira a la Fundación Francisco Franco, que queda amenazada de muerte.
El proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática sustituirá a la Ley de Memoria Histórica impulsada en 2007 por el Gobierno de Zapatero. El objetivo es situar a las víctimas en el centro de las políticas de memoria. El nuevo texto amplía el concepto de víctima, fija dos fechas para homenajearlas cada año y declara nulas las sentencias del franquismo. También sienta las bases para exhumar a José Antonio Primo de Rivera para que deje de ocupar un "lugar preponderante" del Valle de los Caídos.
Por ahora, el Gobierno cuenta con un 'No' rotundo del PP y de Vox y con algunas críticas de la izquierda, que la ven "insuficiente". Aunque no debería tener problemas para sacarlo adelante en la Cámara baja. El proyecto, el primero que presenta Félix Bolaños como ministro de Presidencia y Memoria Democrática, corrige algunos aspectos del anteproyecto de ley de septiembre de 2020. Para ello, el Gobierno ha escuchado las sugerencias del ex relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros.
De hecho, el CGPJ fue muy crítico con algunas medidas del anteproyecto de ley. Sobre todo, con los argumentos del Ejecutivo para extinguir las fundaciones franquistas. El anteproyecto decía que una fundación que no persiguiera "fines de interés general" concurriría en una "causa de extinción". Y por "contrario al interés general" consideraba "la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales".
En un informe publicado en junio, el CGPJ consideró que no se podía extinguir una fundación o asociación por "apología del franquismo" si no incitaban directa o indirectamente al "odio o violencia contra las víctimas" por su condición de víctimas. Según el CGPJ, una persecución de esta apología invadiría el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Constitución.
Para solucionar este brete, el Gobierno ha concretado más su definición de "fin de interés general". La nueva ley permitirá extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo lleven a cabo con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".
En España, la Constitución dice que las fundaciones ilegales son las que persiguen fines tipificados como delito. Y en el Código Penal "no se encuentra ningún delito que haga ilícito la memoria o la apología del franquismo", explica a Vozpópuli Tomás Bastarreche, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). A su juicio, el cambio realizado por el Ejecutivo para intentar extinguir estas fundaciones es el "más inteligente". La otra opción, reformar el Código Civil, sería más compleja.
¿Qué ocurrirá con estas fundaciones si se aprueba el proyecto en las Cortes y entra en vigor? Según Bolaños, la extinción de estas fundaciones no sería "inmediata". El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, sería el organismo responsable de instar judicialmente la extinción de la fundación. Según Público, se abriría un procedimiento administrativo, no judicial, hasta aclarar si la apología de dicha entidad va contra el interés general. El mismo órgano podría acordar de oficio, o a instancia de parte, la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dictase sentencia, según El País.
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