El Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos dice que la difusión de sus imágenes en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría dar pistas a grupos terroristas para atentar en el aeropuerto madrileño. Además, perjudicaría la relación entre España y la Venezuela de Nicolás Maduro. Estos son los argumentos a los que se aferra el Gobierno para denegar una petición formulada a través del portal de Transparencia que solicitaba tener acceso a lo que captaron las cámaras de videovigilancia del aeródromo el día de la reunión secreta desvelada por este periódico.
“Podría constituir un riesgo para la seguridad nacional ante eventuales actos de terrorismo” dice el Ministerio en una respuesta a la que ha tenido acceso Vozpópuli y que lleva la firma del subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús M. Gómez García. Añade que “el hecho de que en las imágenes solicitadas aparezca un miembro de un Gobierno de otro país, podría causar un perjuicio en las relaciones exteriores españolas con dicho Gobierno extranjero”,
Tiene que ver con los hechos ocurridos en enero del año pasado cuando el propio Ábalos se desplazó en plena noche al aeródromo madrileño para reunirse en secreto con la mandataria chavista. Delcy Rodríguez tenía prohibido el paso por el territorio Shengen como sanción de la Unión Europea a la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Desde el Ministerio primero negaron tal encuentro y una vez lo publicó este periódico ofrecieron diversas explicaciones sin revelar nunca el contenido de la reunión.
Tras su encuentro en el interior de un avión sobre la pista de la terminal de vuelos privados, ella bajó y permaneció durante horas en una sala VIP. Estuvo acompañada por uno de los hombres de la máxima confianza del ministro Koldo Izaguirre. De ese paso por el aeropuerto existen imágenes que nunca han visto la luz y por eso la petición registrada en el Portal de Transparencia.
"Podría ser utilizado por personal ajeno a las instalaciones para evitar ser grabado por las misma, pudiendo constituir este hecho un peligro para la seguridad pública”
La solicitud entró el 20 de noviembre del año pasado y el Ministerio agotó el plazo legal de un mes para contestar en términos negativos. Se escuda en las relaciones exteriores entre España y Venezuela y motivos de seguridad: “Se considera que facilitar las imágenes de videovigilancia del aeropuerto puede dar información de su ubicación, lo que podría ser utilizado por personal ajeno a las instalaciones para evitar ser grabado por las misma, pudiendo constituir este hecho un peligro para la seguridad pública”.
El tercer argumento para denegar las imágenes es la legislación en materia de protección de datos personales: “Existe régimen jurídico específico de acceso a la información de las grabaciones de videovigilancia”.
De Delcy Rodríguez a Plus Ultra
Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela han estado de por sí sujetas a diversas complicaciones en los últimos tiempos. El Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los países que reconoció la legitimidad de Juan Guaidó como presidente legítimo del país, una apuesta conjunta de la Unión Europea. El opositor Leopoldo López fue acogido en la embajada de España de Caracas desde donde se desplazó a Madrid en un operativo secreto que generó el malestar de las autoridades bolivarianas.
Por otro lado, el episodio de la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez no es el único capítulo envuelto en interrogantes en lo que tiene que ver con los intereses entre ambos países. Lo acredita la información desvelada también por Vozpópuli sobre el rescate con 53 millones de euros de España a una aerolínea Venezolana llamada Plus Ultra. Esta compañía cuenta con vínculos con el chavismo y apenas disponía de un avión y su actividad de vuelo es prácticamente inexistente.
A juzgar por el modo en el que está redactada la petición ante el portal de Transparencia, es la segunda vez que desde el Ministerio se niega esta información. En la ocasión anterior, el departamento que dirige José Luis Ábalos se escudó en que se trataba de una cuestión inmersa en una investigación judicial. Tanto el Tribunal Supremo como un Juzgado de Instrucción de Madrid archivaron las diligencias abiertas a raíz de varias querellas presentadas por prevaricación y tráfico de influencias impulsadas por VOX, el PP, Ciudadanos y una formación llamada Partido Laócrata.
El alto tribunal dio por probado que Delcy Rodríguez sí había contravenido la prohibición europea al pisar suelo español en contra de la tesis autoexculpatoria del Gobierno, que alegó que nunca había pasado de una zona de tránsito. No obstante, los jueces del Supremo consideraron que eso merecía un reproche en todo caso político, pero no penal. Contra su decisión ya no caben más recursos.
No obstante, en el ámbito de la Justicia ordinaria, la cuestión todavía está pendiente de un recurso contra el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Según informaron en su día fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hasta que esa vía no se agote las imágenes deben ser conservadas como en su día le ordenó el Juzgado al Ministerio.
