El 3 de febrero de 2011 el entonces Rey de España, Juan Carlos I, nombraba al constructor Juan Miguel Villar Mir marqués, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, el 4 de febrero de 2011, que resalta como mérito principal para obtener el título nobiliario su "dilatada trayectoria, al servicio de España y de la Corona", algo que merecía ser reconocido de "manera especial".
De esta forma Juan Carlos I, que según el BOE quería demostrar a Villar Mir, principal propietario de Obrascon Huarte Laín (OHL), su "Real aprecio", otorgaba al empresario "el título de Marqués de Villar Mir, para sí y sus sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española", según especifica el documento.
Tan sólo dos años después, en enero de 2013, la publicación de los denominados 'papeles de Bárcenas' se convertía en el preludio del particular 'descenso a los infiernos' del amigo del rey, que ha acabado imputado en los tres procedimientos de corrupción del PP: 'papeles de Bárcenas', 'Lezo' y este martes declara en 'Púnica'.
Villar Mir, que fue ministro de Hacienda durante unos meses en la Transición, en concreto con Juan Carlos I como rey, declara este martes en 'Púnica' como imputado al igual que su yerno Javier López Madrid, a quién también se le relaciona con la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre.
Tras publicar el diario El País la contabilidad B de Luis Bárcenas, el entonces instructor en la Audiencia Nacional del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, citó a declarar como imputado a Villar Mir y a otros empresarios, cuyos nombres aparecían como presuntos donantes de la Caja B del PP nacional. Este documento sostiene que el marqués aportó 100.000 euros el 19 de octubre de 2004 al extesorero del PP.
El juez Ruz no logró recabar las suficientes pruebas del abono de los 100.000 euros, y se vio obligado a archivar la acusación contra Villar Mir. Sin embargo, la declaración de Francisco Correa durante el juicio de la primera época de 'Gürtel' permitió al nuevo instructor, José de la Mata, a volver a imputara a Villar Mir en la pieza separada de los 'papeles de Bárcenas', por el que fue procesado el extesorero del PP.
300.000 euros al PP
Precisamente, fue la declaración en 2013 de Luis Bárcenas durante la instrucción de 'Gürtel' quién adentró a Villar Mir, todavía más, en el fango de la presunta corrupción, al asegurar el exsenador del PP que el dueño de OHL quería donar 300.000 euros al partido poco antes de las elecciones de 2011.
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Según Bárcenas, el presidente de OHL quería aportar 300.000 euros al PP en 2011, antes de la celebración de las elecciones y tenía "mucho interés en que la cúpula del partido" y en concreto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo supiera".
Pero el caso de la caja B del PP parece ahora, cinco años después de estallar el escándalo de la financiación de la formación de Mariano Rajoy, el menor de los problemas judiciales de Villar Mir, que hace unos meses logró sortear 'in extremis' el banquillo de los acusados del 'caso Son Espases', en el que está procesado el expresidente balear Jaume Matas.
Prevaricación y cohecho
En mayo de 2017, el juez Eloy Velasco, el que inició la investigación de la trama dirigida presuntamente por Ignacio González denominada 'Lezo', imputó a Villar Mir como presunto autor de los delitos de malversación, inducción a la prevaricación, cohecho y fraude en la contratación.
En concreto, el que fuera presidente del consejo de administración de OHL hasta su dimisión hace un año, declaró ante el juez García-Castellón por la adjudicación del tren de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero, por cuya adjudicación a OHL el presunto cabecilla de la trama 'Lezo', Ignacio González, habría pactado una comisión ilegal de 1,4 millones de euros.
Este martes, Villar Mir volverá a comparecer ante la justicia, en esta ocasión por la presunta "adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad de Madrid" a sus empresas y por varias anotaciones en una agenda intervenida al exconsejero madrileño Francisco Granados, el cabecilla de la 'Púnica', en las que se refleja que OHL donó 1,4 millones de euros dinero al PP madrileño.
Jesús Trabada
El magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, también citó el martes como investigados al yerno de Villar Mir y a Jesús Trabada, ex consejero delegado de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que adjudicó las obras del metro, y también imputado en 'Lezo'.
Además de a estos tres investigados, el juez también emplaza el martes al exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás (también investigado en Lezo) y Antonio Martín Jiménez (directivo de la empresa Obrum, adjudicataria de las obras del metro).
Están citados en relación a adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004, cuando la presidía Francisco Granados, en las que se ha evidenciado, según el juez, "la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones".
Son contratos vinculados a "la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero" que fueron adjudicados desde Mintra "con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada".
David Marjaliza
Granados -que declara ante el juez el próximo 12 de febrero- garantizó, según el auto, "un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum", vinculada al arrepentido de la 'Púnica' David Marjaliza, a cambio de "importantes comisiones".
El propio Marjaliza, que debe comparecer el próximo miércoles ante el juez y que está colaborando con la Fiscalía, confesó hace unas semanas que se repartió con Granados y López Madrid una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de estas obras.
En relación a López Madrid, el juez sospecha que participase en este amaño a favor de Obrum aportando "las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del grupo Villar Mir" para que pudiera presentarse a los concursos formando una UTE con otras empresas, y cree que pudo continuar con esta dinámica entre 2004 y 2011, cuando Granados era consejero madrileño de Presidencia e Interior.
Pagos de Fertiberia
Además, el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, que dirige José de la Mata, ha abierto una investigación por corrupción en transacción económica internacional a la empresa Fertiberia, del grupo Villar Mir.
El instructor investiga el presunto pago en 2005 a través de una sociedad interpuesta en el Reino Unido, un total de 1.887.980,40 dólares americanos a un 'conseguidor', según fuentes jurídicas, quien transfirió parte del dinero, 1.596.980 dólares, a cuentas bancarias a nombre de un general y al padre de un coronel de Argelia, informa la Cadena Ser.
Villar Mir al juez: "Jamás, juro solemnemente que jamás he pagado una comisión por una adjudicación a ningún ente, ni público ni privado"
Según las mismas fuentes, el pago habría tenido lugar a cambio de la mediación de los militares para que Fertiberia obtuviera licencias de construcción de fábricas de amoníaco en Argelia, a través de una empresa pública de ese país.
En su declaración como imputado en ‘Lezo’ Villar Mir, que consideró “casi ofensiva” la pregunta de la fiscal sobre si López Madrid era la persona que se encargaba del pago de comisiones por contratos públicos, defendió la legalidad de su actuación: “Jamás, juro solemnemente que jamás he pagado una comisión por una adjudicación a ningún ente, ni público ni privado”.
Por su parte, el grupo constructor OHL ha negado cualquier irregularidad en los procesos de licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos ellos se han ejecutado "con la máxima transparencia" y "de acuerdo a la Ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo".
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