El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Tándem' ha acordado nuevas diligencias en el marco de la pieza número 28 que se abrió en julio de 2020 para esclarecer si el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo habría entregado documentos al abogado Gonzalo Boye, quien ostenta la defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, desde la cárcel de Estremera.
Indaga así en la documentación que envió un preso de su confianza a periodistas y abogados para su difusión pública, con lo que el comisario podría "chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado".
"Al parecer, dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría estar controlando desde la prisión de Madrid VII-Estremera en la que se encuentra interno como preso preventivo", dice el juez Manuel García-Castellón en dos autos de 20 enero a los que ha tenido acceso Europa Press.
En uno de ellos, el magistrado, que da respuesta a una batería de diligencias que interesa Anticorrupción, apunta que esos documentos los custodiaba Villarejo a pesar de que ya estaba jubilado como comisario de Policía desde julio de 2016, y matiza que algunos podrían estar clasificados como secreto y tener un carácter reservado.
Ese cariz secreto no habría sido un impedimento para que, "como principal cabecilla de la organización criminal", los ofreciera y difundiera a terceros, en ocasiones "a cambio de un precio", a través de un grupo de personas. Y añade que estos hechos son constitutivos de delitos de naturaleza grave como son el de descubrimiento y revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cometidos en el ámbito de la organización criminal.
Durante estos meses el esfuerzo de este Juzgado Central de Instrucción número 6 se ha enfocado en conocer qué documentos se difundieron, quienes los movieron y a qué personas les llegaron. La misión era "impedir que la organización criminal pudiera obtener un ilícito lucro económico y su máximo responsable, en prisión provisional, pudiera chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible".
Nueva declaración de Villarejo
En ese contexto es en el que el Ministerio Fiscal interesó hace meses --en octubre de 2020-- practicar diligencias sobre determinada información que facilitó el abogado Alfonso Pazos a la periodista María Montero. Pazos fue junto con la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, uno de los cinco detenidos en el marco de esta pieza en octubre de 2020, cuando se le tomó declaración como investigado al ser el preso de confianza de Villarejo que aprovechaba los permisos carcelarios para mantener contactos y ofrecer la documentación que le proporcionaba el comisario.
Ahora, y a petición del Ministerio Fiscal, García-Castellón acuerda que el comisario Villarejo declare de nuevo ante el juzgado para ser interrogado en el marco de esta pieza, y da orden a la Dirección Adjunta de la Policía (DAO) para que a la mayor brevedad posible certifique si la documentación intervenida tanto en el registro de la celda del comisario como en el resto de entradas "están afectas a la legislación de secretos oficiales".
También acuerda que se le requiera a Gema Alcalá la entrega del soporte que albergaba todos los documentos que fueron descargados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia en el pendrive marca Lacie en el curso del registro de su domicilio sito en la Finca el Montecillo de Boadilla del Monte (Madrid) el día 23 de octubre de 2020.
Y apunta que se debe tomar declaración como investigadas en el marco de esta pieza a otras dos de las personas que fueron detenidas y que quedaron en libertad. Se refiere a María Ascensión Fernández Santamaría, "presunta autora de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y organización criminal", y Noelia María Cedrún Fernández, "presunta autora de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos".
Asimismo, acuerda que se requiera a las cuatro personas (dos de ellos periodistas) con las que contactó Pazos la documentación que éste les remitiera desde su cuenta de correo. Y matiza que debe hacerse en los mismos términos acordados en relación a la periodista María Montero. Además, el magistrado encuentra pertinente que estas cuatro personas presten declaración testifical, les prohíbe publicar esa documentación y ordena que entreguen el soporte en el que guarden los archivos enviados por Pazos.
Como testigo y no como investigada
Cabe recordar que Anticorrupción ya solicitó la declaración como investigada de Montero y el juez lo rechazó porque la información la obtuvo como periodista, si bien ahora considera pertinente que se le cite como testigo.
Así lo ha determinado el magistrado en otro auto de la misma fecha, en el que relata cómo Pazos, estando aún en prisión, y siguiendo las instrucciones del comisario jubilado, contactó con la periodista para ofrecer la información que obraba en poder de Villarejo de "forma ilícita" y que se trataría de "determinados documentos de carácter clasificado". En esta resolución, el juez recuerda que la periodista pidió autorización judicial en noviembre de 2020 para publicar alguno de los documentos obtenidos, y le dice que debe "abstenerse de publicar esta información".
Asimismo, acepta otra petición de Anticorrupción y ordena a la Unidad Central de Ciberdelincuencia que elabore un informe pericial sobre los metadatos y contenido del pendrive que ésta entregó el 24 de octubre de 2020 a la Policía con los documentos reservados que Pazos le habría entregado para "lograr la máxima difusión".
Además, el juez ordena a la Unidad de Asuntos Internos que elabore un informe de cotejo entre los documentos que contiene la memoria usb entregada por la periodista tras ser requerida judicialmente y los documentos que fueron remitidos desde la cuenta de correo electrónico del colaborador de Villarejo.
Francisco Martínez, contactado por Pazos
Por otro lado el magistrado, a la lista de 'contactados' por Pazos, con los que además se reunió durante sus permisos penitenciarios, al despacho de abogados Duran & Duran y al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien está siendo investigado en la pieza 7 'Kitchen' de esta causa. García-Castellón acuerda unir lo recabado por Policía al respecto al sumario de esa pieza.
Según las conversaciones recogidas entre Pazos y la periodista María Montero, éste prometió pasar información sobre "correos electrónicos de Paco Martínez, con el ministro", en relación al ex secretario de Estado y el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ambos investigados en la pieza relacionada con la 'operación Kitchen'.
El colaborador de Villarejo también describió la documentación enviada a la periodista desde, al menos octubre de 2020, como "relativa a la 'operación Cataluña'" y afirmó disponer de "más notas informativas", que define como "información de inteligencia" que, según señala el juez, el propio investigado apuntó que la forma de obtener dicha documentación fue "no muy legal".
Entre lo intervenido en la celda de Villarejo, el juez señala que hay material que pudiera estar sujeto a secreto, y que en el registro del domicilio de su mujer se hallaron varios documentos, principalmente denuncias interpuestas en sede policial y notas informativas, que resultan idénticos --al menos algunos-- a los que envió Pazos a terceros.
