El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha archivado la causa para tres exaltos cargos de Iberdrola, imputados hasta el momento por los encargos de la eléctrica al comisario jubilado. El instructor saca del procedimiento al que fuera número dos de la compañía Francisco Martínez Córcoles; así como al exdirector corporativo de la eléctrica Fernando Becker y al que fuera jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. El magistrado sostiene que no existen indicios de peso contra ellos para mantenerles imputados en esta pieza número 17 del caso Tándem.
Por contra, el instructor declina la petición del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de que se le archiven las diligencias abiertas también contra él. Al respecto el magistrado explica que, pese a lo alegado por la defensa del empresario, los delitos que le atribuyen por las contrataciones del Grupo Cenyt no estarían prescritos. Del mismo modo descarta también que no se especifiquen los hechos por los que se le implican en esta causa y recuerda su auto del pasado 23 de junio en el que se desgrana "de forma minuciosa y suficiente" los hechos que motivaron su citación como investigado.
"En relación con la participación del Sr. Sánchez Galán en los hechos investigados, aunque no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que el Sr. Villarejo fue contratado por orden suya, o que evidencie de forma inequívoca que supiera que tenía la condición de comisario en activo, hay indicios de los que puede desprenderse –lo afirmamos con el carácter provisional que corresponde a esta fase procesal– que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de Jose Ignacio Sánchez Galán, y que este fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt", reza el magistrado en su auto.
Del Olmo, citado por el juez
El instructor se remite al auto del pasado mes de junio por el que imputó a Sánchez Galán en esta pieza del caso Villarejo. El presidente de Iberdrola, que ha pedido su salida del caso en numerosas ocasiones desde entonces, compareció en sede judicial el pasado 18 de enero. En su interrogatorio aseguró que no conocía de nada al comisario jubilado y que estas contrataciones se gestionaron desde el departamento de Seguridad que entonces dirigía Antonio Asenjo. Sin embargo, el instructor mantiene que hay indicios en la causa que le implican en esta gestión.
Destaca, por un lado, los audios que obran en el sumario relativos a conversaciones entre Villarejo y Asenjo en las que éste primero se refería a Sánchez Galán como "jefe", "el presi" o "Don Ignacio", además de un documento clave que redactó de su puño y letra el exdirectivo de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo. Este antiguo empleado se ha convertido en la principal pesadilla de Iberdrola y sus altos cargos imputados tras la aparición del informe con fecha de diciembre de 2004 en el que Del Olmo denunció que se costeó el primero espionaje de Villarejo a través de su entonces proveedora de seguridad, Casesa, para ocultar los pagos.
El exempleado, que en la actualidad figura como imputado en la causa por dar luz verde a las facturas que reporta como anómalas, solicitó volver a comparecer ante el magistrado. El instructor, que ha abierto la puerta a aplicar el derecho europeo para protegerle en estas diligencias, ha accedido a su petición y le cita en su condición de investigado para el 18 de abril. Del Olmo comenzó declarando como testigo entre diciembre de 2019 y enero de 2020. En esas primeras visitas ratificó la validez de su informe en relación a los pagos a Cenyt. Del mismo modo hizo en su siguiente comparecencia, esta vez ya como investigado, tras su imputación en este procedimiento.
Archivo para tres exdirectivos
Con todo, el magistrado sobresee la causa para Córcoles, Becker y Orbegozo, después de que estos así lo solicitaran semanas después de declarar ante el juez. En el caso de Martínez Córcoles, el exnúmero dos se desligó por completo de las contrataciones y del proyecto Arrow en su visita ante el juez. Al respecto, el juez precisa que, oídas las explicaciones ofrecidas tanto por el entonces director de Generación como por Asenjo puede concluir que "no existen indicios" de su participación en todos estos espionajes que se contrataron entre 2004 y 2017.
"No existe indicio documental, sonoro o imagen que permita sustentar que la iniciativa para la contratación del Sr. Villarejo (...). Los indicios aportados hasta el momento no permiten sustentar que el investigado instara esta contratación, más allá de la grabación del Sr. Asenjo quien en una conversación con un tercero no corroborada en sede judicial, parece referirse al director de Generación y las manifestaciones del testigo Del Olmo, quien en su escrito de 1/12/2004 refiere un posible conocimiento del investigado, en términos que no resultan claros, y que no se corroboran en indicio objetivo alguno", sostiene ahora el instructor.
El informe de Del Olmo
En relación a Orbegozo, el magistrado le imputó por visar dos facturas del año 2009. En su turno ante el magistrado, se le preguntó específicamente si las mismas tenían algo que ver con dos espionajes a Florentino Pérez (proyecto Posy y Gipsy) en tanto los investigadores sospechan que estas facturas sin numerar esconderían un espionaje al presidente de ACS. Orbegozo se desligó por completo de cualquier contratación al comisario jubilado, dijo que estos papeles ya habían sido autorizados por Asenjo y que se los envió por valija interna Del Olmo. En cuanto al concepto dijo que se trataba de seguridad en los desplazamientos de Presidencia y alta dirección.
Ahora el magistrado precisa que no hay pruebas que le impliquen en las órdenes para contratar a Villarejo (funcionario policial en activo en el momento de los hechos) ni tampoco en los pagos supuestamente irregulares del proyecto Arrow. Además, constata que Orbegozo no era superior jerárquico de Asenjo y que su declaración fue "clarificadora" porque visó "una pluralidad de documentos" y, por tanto, solo se detenía en los aspectos formales a la hora de llevar a cabo su control. Dicho de otro modo: no tenía por qué conocer la verdadera naturaleza de los servicios prestados por Cenyt.
Finalmente, en lo relativo a Fernando Becker (exdirector de Iberdrola España), el magistrado resuelve en idéntico similar y concluye que el hecho del mero visado de las facturas no es suficiente para atribuir responsabilidad penal por este asunto ya que tampoco consta que se produjera comunicación alguna con Villarejo o su socio (Rafael Redondo). "En conclusión, ni en términos corporativos, ni desde la provisionalidad de esta fase procesal se puede sustentar que la iniciativa para la contratación partiera del investigado Fernando Becker", concluye.
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