José Manuel Villarejo declaró el pasado 14 de junio ante el juez que le investiga por sus encargos privados de espionaje, que recibió uno de ellos consistente en actuar contra Javier Gómez de Liaño. El comisario jubilado reiteró su tesis acerca de que se le contactó para neutralizar al entonces juez de la Audiencia Nacional que investigaba el caso de la cadena Sogecable, cuyo máximo accionista era el Grupo Prisa.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se apoya en la declaración de Villarejo y en otros indicios para encargar al magistrado del caso Tándem que acuerde la personación como perjudicado de Gómez de Liaño. Los magistrados revocan la decisión del juez instructor y admiten el recurso del abogado apuntando que "no hay duda alguna" que debe ostentar esta figura dentro del caso Villarejo.
Los magistrados se hacen eco de uno de los últimos interrogatorios al comisario jubilado, el cual reiteró todo lo que ya plasmó en la denuncia que interpuso en octubre de 2019 en los juzgados de Plaza Castilla. El policía pidió que se investigase el pago de 200.000 dólares que efectuó el Grupo Prisa al juez Enrique Bacigalupo, exmagistrado del Tribunal Supremo, par condenar a Javier Gómez de Liaño por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable.
"El 14 de junio declaró en la pieza principal José Manuel Villarejo Pérez, quien ratificó todos los extremos de la denuncia formulada ante los de Instrucción de Madrid, incluido lo relativo a la constancia de pruebas documentales de estos hechos denunciados en las grabaciones que hizo de algunas de esas reuniones donde se fraguó el presunto plan delictivo, y que tenía depositadas en la caja fuerte de su domicilio de Boadilla del Monte", reza el auto de la Sala adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
No hay, por tanto, duda alguna de la condición de perjudicado de Javier Gómez de Liaño
Los magistrados concluyen que este encargo parece constituir "uno más de los proyectos de gestión" que acometió Villarejo y que se investigan al materializarse mientras era policía en activo. Aunque avanzan que, por la fecha del encargo, la posible comisión del delito de cohecho estaría prescrito, sí que se deben investigar estos hechos en profundidad ya que la actuación forma parte de una "actividad delictiva" que se alargó en el tiempo y que sería constitutiva de organización criminal, "delito que no pueden considerarse prescrito en ningún caso".
Actuación de Prisa
En su escrito de personación Gómez de Liaño aludió a lo adjuntado por Villarejo en la denuncia que presentó en Plaza Castilla y que ratificó hace apenas unas semanas. En concreto, apeló a la existencia de un encargo de la compañía del Grupo Prisa, titular de Canal Plus, para que "apartara de las diligencias" del caso Sogecable a Javier Gómez de Liaño, entonces magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
El abogado -a quien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón por el juicio al que fue sometido en el Supremo- explicó en su escrito de personación que la actuación de Villarejo por encargo de Prisa incluyó actuaciones dirigidas a conocer su entorno familiar y personal y también el pago de sumas de dinero para acabar con su carrera. En concreto se buscaba que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenara a tenor de una querella presentada por Sogecable.
Sobornos a un juez del Supremo
"Para ello una persona llamada Antonio Navalón, vinculado al grupo Prisa, abonó 200.000 dólares en un banco argentino al Magistrado Sr. Bacigalupo, miembro del Tribunal que finalmente dictó sentencia condenatoria por
delito de prevaricación contra el recurrente en octubre de 1999. También se afirma en el escrito que se hicieron llegar, desde una sucursal del banco HBSC de las Antillas inglesas, 170.000 dólares a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional", reza el auto de los jueces.
El documento también alude a toda la documental que los agentes de Asuntos Internos incautaron a Villarejo sobre el asunto Sogecable tras su detención en noviembre de 2017. Anticorrupción sostiene que en la pieza principal se realizó un inventario de las microcintas intervenidas en el registro y que en la pieza 28, en la que se investiga la presunta compra venta de documentos oficiales, consta que mantenía tres copias de denuncias en la que describen hechos relacionados con la condena a Gómez de Liaño en octubre de 1999.
A todo ello se suman las famosas grabaciones que efectuó Villarejo a empresarios, políticos y policías. En más de una ocasión aludió al plan organizado para acabar con la carrera de Gómez de Liaño, implicando en el mismo a Baltasar Garzón. Un ejemplo sería el audio de una conversación mantenida en 2009 con el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, a la que ha tenido acceso este medio, y en la que le dijo que en un restaurante cercano a donde estaban reunidos se fraguó el complot contra el exjuez de la Audiencia Nacional.
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