El CGPJ vuelve a estar en el foco de las críticas del Gobierno. Las últimas acusaciones de la ministra de Igualdad han reavivado el enésimo choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, esta vez por el informe de la ley del aborto que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros. "Es otro ataque más. Tremendo", sostienen algunos vocales del órgano consultados por este medio, que aseguran que el Gobierno es consciente de que el CGPJ no puede emitir un dictamen sobre este asunto en un plazo de dos semanas.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli entienden estas críticas como un nuevo revés de Unidas Podemos en un momento especialmente delicado para el órgano, que permanece en funciones desde 2018. El encontronazo se ha producido esta vez por la tramitación de la Ley del aborto. Irene Montero ha afeado al CGPJ que no emitiera dictamen sobre este anteproyecto de Ley en el plazo de 15 días que marca la Ley cuando se tramita de urgencia.
En sus últimas declaraciones la titular de Igualdad arremetió contra los jueces apuntando que no habían cumplido con la Ley y dijo que sería "raro" que los 19 vocales que lo integran en la actualidad "viesen con buenos ojos un avance en derechos feministas". El consejo reaccionó negando informes ideológicos y recordó que la tramitación de normas tan sensibles como la del aborto exige más plazo que dos semanas.
"Hay que conciliar sensibilidades"
Las fuentes consultadas ahora por este medio aseguran que sus declaraciones han causado un profundo malestar en el CGPJ. Además recuerdan que no ha habido justificación alguna por parte del Ejecutivo que avale la tramitación de urgencia de esta ley estrella del Ministerio de Montero. Es más, recuerdan que el anteproyecto estuvo un mes en su mesa sin que se les diera traslado y que, cuando lo hicieron, el 13 de junio, se instó a que fuera por la vía de urgencia. Ello implica que los plazos se reducen justo a la mitad.
La tesitura provocó que el CGPJ pidiera una prórroga de 10 días al Gobierno pero se denegó el 3 de julio sin explicación alguna. Se trata de un trámite que viene recogido en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual la duración de la prórroga es de 15 días en los casos genéricos y de 10 en aquellos anteproyectos o disposiciones remitidas por la vía de la urgencia.
Algunos de los vocales que integran el Consejo aseguran que un dictamen de estas características no se puede redactar en 15 días y menos con el periodo estival de por medio. El trámite exige que se nombren dos ponentes del informe (en este caso se designó a María Ángeles Carmona y Roser Bach), se redacte el texto y se estudie en el Pleno. Además, en ese tiempo los ponentes recaban aportaciones del resto de vocales para lograr el mayor consenso posible antes de cerrarlo. "Hay que conciliar las sensibilidades de los expertos", matizan las fuentes consultadas.
Unanimidad en el CGPJ
Las mismas cuestionan la urgencia de la aprobación de la norma, pese a que la ministra de Igualdad ha defendido en declaraciones a TVE que había que impulsar el proyecto debido al importante número de mujeres en el país "que no pueden acceder de forma efectiva a su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo" en función de la comunidad autónoma en la que residan. La norma, además de blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública, permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar de forma voluntaria sin consentimiento paterno.
Hay que conciliar las sensibilidades del Consejo porque aquí están los expertos. No vemos la urgencia. Vocales del CGPJ
Frente al criterio de la ministra de Igualdad, los vocales cuestionan la premura. "No vemos la urgencia", dicen. Además, reprochan que no es la primera vez que se exige un trámite exprés al CGPJ, pese a que el órgano trata de encontrar el mayor grado de consenso entre los vocales que lo integran. Así, por ejemplo, el Pleno ha aprobado recientemente por unanimidad los informes de otros dos grandes proyectos del departamento de Montero: la ley del solo sí es sí y la ley trans.
El primero de ellos salió adelante en febrero, mientras que en abril se aprobó el segundo. Con todo, ambos dictámenes -que no son vinculantes- cuestionaban algunos de los puntos clave de las leyes de Montero. El primero, por ejemplo, se mostró especialmente crítico con la obligatoriedad de que el consentimiento en las relaciones sexuales sea expreso. El segundo también cuestionaba que los menores pudieran registrar su intención de cambiar de sexo a los 12 años. El CGPJ considera que el límite de edad se tendría que elevar a los 18 años.
La ministra reaccionó cuestionando el criterio unánime de vocales progresistas y conservadores del CGPJ. "Se han opuesto a todas las leyes feministas", dijo en abril tras conocerse el dictamen de la Ley Trans. También reprochó entonces que se demoraran meses para emitir su criterio. "El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa", escribió entonces en su cuenta personal de Twitter.
Cuatro meses después, vuelve con las críticas apuntando a un sesgo en los dictámenes del actual consejo. El CGPJ responde el abuso de la vía de la urgencia para tramitar asuntos tan sensibles como estas leyes y sentencia: "No son informes ideológicos, sino técnicos".
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