Al mirar atrás, los cargos públicos amenazados "se debaten entre el recuerdo de los daños irreparables causados por el terrorismo y la convicción de que la defensa de la democracia mereció su sacrificio. La mayoría asegura que volvería a hacerlo". Así lo revela un estudio de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Navarra y coordinado por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra.
El informe "Terrorismo de ETA y violencia de persecución contra miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra", presentado en conferencia de prensa, concluye que la defensa de la democracia, la resistencia ante el terrorismo o la conformación de listas electorales en pueblos con mayoría abertzale "fueron determinantes para que los entrevistados se involucraran en política, pese a que ello supusiera convertirse en objetivo de la violencia de persecución". Estos cargos públicos desempeñaban una actividad peligrosa "precisamente porque lo era" y porque eran conscientes del riesgo de que la democracia "fuera clausurada", ha afirmado Pablo Pérez, responsable del estudio en la Universidad de Navarra.
La izquierda abertzale, se indica en el documento, "apoyó y puso en práctica la violencia de persecución contra sus adversarios políticos" y la intimidación era especialmente grave en aquellos casos en que se les notificaba la aparición en documentación de ETA o la inminencia de un atentado contra ellos que se había logrado frustrar. El miedo, agrega, impregnaba las vivencias de los amenazados y constituyó un elemento determinante en el desarrollo de la vida política. Algo que resultaba sumamente complicado cuando afectaba a la familia y, en especial, a los hijos.
El acoso a los cargos públicos era más acentuado en los pueblos del norte de Navarra y en la comarca de Pamplona, señala el estudio. Resalta asimismo que ese hostigamiento "se desarrollaba impunemente", incluso durante los plenos municipales y en contextos festivos. Asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Tomás Caballero, José Javier Múgica o Francisco Casanova forman parte de la memoria de los amenazados. Además de por el impacto emocional que les supuso, porque mostró su vulnerabilidad. Al mismo tiempo, reforzaron su compromiso político y su espíritu de resistencia.
Tienen una herida que no está del todo cerrada y que temen que se vuelva a abrir
El informe pone de relieve que los amenazados se sintieron respaldados por las instituciones y, en cierto modo, ignorados por la sociedad. "Se sintieron muy solos", ha subrayado Pérez. La reducción drástica de la vida social fue uno de los precios que pagaron muchos de ellos y, "pervive el lamento por los momentos valiosos y las oportunidades de trazar nuevas relaciones que se perdieron". Todos los entrevistados mantuvieron su compromiso con la defensa de la democracia y del pluralismo político pese a la presión de la violencia, y el recuerdo de compañeros asesinados les ayudaba a continuar.
El asesinato de Tomás Caballero en 1998 inició la asignación de escoltas a miembros de UPN, PP, CDN y PSN, que se sistematizó tras el asesinato de José Javier Múgica, en 2001. Entre 2001 y 2015, revela el estudio, un total de 659 personas han vivido escoltadas en Navarra, de las que 523 eran políticos. La asignación de escolta fue una experiencia dolorosa y difícil de asimilar. Algunos incluso llegaron a "engañar" a sus hijos sobre la presencia cotidiana del escolta, ha apuntado Pérez. El reconocimiento de la profesionalidad de los escoltas es mayoritario, en especial cuando pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El anuncio del cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA fue recibido con alivio, aunque con muchas dudas sobre su veracidad. Los amenazados coinciden en que ETA decidió abandonar la violencia por un cálculo estratégico, y no por una reflexión crítica sobre su trayectoria.
El recuerdo de compañeros asesinados les ayudaba a continuar
Para realizar este estudio, ha explicado Marta Rodríguez, responsable del mismo en la UPNA, se entrevistó a 57 personas entre los meses de junio y octubre de 2021, de las que 26 eran de UPN, 26 del PSN y 5 del PP. El estudio contemplaba entrevistas a familiares de cargos públicos, pero esta parte tuvo que suspenderse ya que declinaron la invitación, principalmente por no sentirse preparadas para hablar de su experiencia. Los familiares, ha asegurado Pérez, tienen "una herida que no está del todo cerrada y que temen que se vuelva a abrir".
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