Vox pide endurecer el delito de traición contra la unidad de España cuando lo cometa el presiente o cualquier otro miembro del Ejecutivo, así como las autoridades de las Comunidades Autónomas. Para ello, el partido liderado por Santiago Abascal ha registrado una proposición de Iey de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la protección de la unidad nacional, que contempla imponer "la pena superior en uno o dos grados a la prevista en los artículos cuando las conductas descritas en estos fueren realizadas por el presidente, el o los vicepresidentes o los ministros del Gobierno de España o por el presidente, el o los vicepresidentes o los miembros de consejos de gobierno regionales". Además, la modificación prevé la pérdida de la nacionalidad española no de origen a quien cometa uno de los delitos descritos.
"Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos se han generalizado las estrategias y actuaciones de grave entidad con el propósito de subvertir el orden constitucional a través de la destrucción de la soberanía nacional. Tales conductas han sido amparadas y promovidas por poderes públicos de ámbito regional, uno de los cuales perpetró, en octubre de 2017, un golpe separatista que puso en jaque la unidad de España", justifica la formación.
Su iniciativa llega justo después de que el Gobierno confirme su intención de modificar ese mismo Código Penal para eliminar el delito de sedición
Su iniciativa llega justo después de que el Gobierno confirme su intención de modificar ese mismo Código Penal para eliminar el delito de sedición. Según Vox, una de las tácticas más empleadas por estas "entidades públicas desleales de ámbito regional" es el fomento y la financiación pública de movimientos privados de base asociativa, de marcada tendencia totalitaria, que tienen entre sus fines no ocultos la aniquilación de la nación. "Algunos de ellos desempeñaron un papel decisivo en el mencionado golpe", recuerdan.
Tan grave como lo anterior -explican los de Abascal- es que las estrategias y actuaciones han sido consentidas y toleradas por autoridades de ámbito nacional. "De forma continua y sostenida han transferido innumerables capacidades del Estado a las administraciones regionales en nombre de la 'convivencia' o la 'gobernabilidad', términos que los enemigos internos de la nación y sus citados cómplices del poder central definían y modulaban en función de la conveniencia del momento", denuncian.
"Estas cesiones han arrojado como consecuencia que España sea hoy un Estado territorialmente desvertebrado, con profundas disfunciones que empeoran notablemente la vida diaria de los españoles y en el que germinan y crecen sin aparente freno proyectos centrífugos y disgregadores, alimentados además con el dinero de todos, que amenazan la pervivencia de la nación", sostienen desde las filas de Vox.
Cesiones 'en pos de la convivencia'
Como ejemplo de "entregas en pos de la convivencia", la formación señala el indulto a los líderes del golpe separatista de 2017 que no se habían fugado de España y que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión por la comisión de un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía, o por la comisión de delitos de desobediencia.
La última cesión, dicen, ha sido la iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios de la actual mayoría política para modificar el Código Penal en el sentido de suprimir el delito de sedición y vaciar de contenido el de malversación de caudales públicos. "Previsiblemente, con dicha reforma se sentarán las bases para la vuelta a España de los prófugos de la justicia y para la total remisión, por efecto de los principios generales del Derecho Penal, de las penas impuestas a los condenados y de las que estén por imponerse a los hoy huidos", advierten.
"La persistencia en el fomento, el amparo o la tolerancia por distintas administraciones de ámbito territorial con relación a conductas contrarias a la propia continuidad de España como nación soberana; las severas amenazas para la democracia y el Estado de Derecho; y las acciones u omisiones de los poderes públicos de ámbito nacional dirigidas a satisfacer intereses de quienes han sido condenados por atentar contra la unidad nacional; todas estas circunstancias hacen necesario articular una respuesta penal con una alta componente retributiva", argumenta Vox.
Los cambios que busca Vox
Entre las modificaciones que Vox pretende introducir, destaca la inclusión de la pérdida de la nacionalidad española no de origen, de acuerdo con el artículo 11.2 CE, entre las penas privativas de derechos. También quieren incorporar al Título XXI, referido a los 'Delitos contra lo Constitución', una respuesta a los actos de colaboración, cooperación, favorecimiento, facilitación, impulso, promoción, amparo o tolerancia de los poderes públicos.
"Se pretende, con ello, evitar que, con falsos pretextos como asegurar una supuesta gobernabilidad del país, o con la descarada finalidad de obtener beneficios políticos de carácter fáctico en el corto plazo, se produzcan cesiones o movimientos destructivos de la unidad nacional. Las penas por tales conductas se agravan por la especiaI cualificación de los sujetos activos [presidente, vicepresidentes y ministros del Gobierno de España o presidente, vicepresidentes y miembros de consejos ejecutivos regionales], o por la especial gravedad y entidad de las conductas dirigidas hacia la destrucción de la unidad nacional, al existir una colaboración con gobiernos extranjeros o agencias y organismos internacionales", explican.
Asimismo, se busca incorporar un tipo agravado específico cuando el sujeto activo del delito de traición sea el presidente o un miembro del Gobierno o de los distintos consejos de Gobierno regionales. En este sentido, asegura que "el desempeño de funciones gubernamentales otorga a sus titulares una especial responsabilidad (…)". "Su condición de representantes públicos elegidos por los españoles obliga a que su fidelidad a España sea condición necesaria e indispensable para el ejercicio de sus cargos", señala Vox.
Por último, el partido de Abascal exige un tipo agravado en el delito de ofensas -o ultrajes- a España o a sus símbolos para los casos en los que se cometan persiguiendo "fines de apoyo al terrorismo, de alteración del orden constitucional o de independencia de una parte de la nación", así como cuando tales ofensas o ultrajes sean perpetrados por integrantes de un Gobierno.
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