Vox recurre el archivo de la investigación abierta contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por los contratos covid en los primeros meses de la pandemia. El partido político mantiene sus sospechas sobre una posible malversación y prevaricación por la adjudicación 'a dedo' del suministro de mascarillas a empresas asiáticas y sin experiencia en el sector sanitario que se embolsaron más de 300 millones de euros.
La formación sostiene que no se han practicado las diligencias necesarias en todo este tiempo para esclarecer los flecos que quedan abiertos sobre una contratación que afecta al Ministerio de Sanidad. En concreto, sostiene que los motivos esgrimidos por los tres altos cargos investigados no es motivo suficiente para archivar las diligencias.
El recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se conoce después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid archivara esta investigación abierta contra tres altos cargos del Ministerio de Hacienda y Sanidad que ejecutaron las compras cuando al frente de ambos se encontraban María Jesús Montero y Salvador Illa, respectivamente.
"Contacto directo" con Illa
Se trata del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez Palacios; la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación de Hacienda, Paloma Rosado; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF), Patricia Lacruz.
En su auto, la magistrada Concepción Jerez explica que tras más de tres años de diligencias no ha quedado probado que se cometiera delito de prevaricación o malversación con los contratos que se firmaron por importe superior a los 310,7 millones de euros. Más bien al contrario, concluye que la actuación de los tres altos cargos del Gobierno fue "ajustada a Derecho y acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial" que se vivió entonces.
Los indicios de la comisión de un delito de malversación con la adjudicación arbitraria de determinados contratos, no ha podido ser objeto de valoración por parte del Tribunal de Cuentas, porque nadie se los ha puesto de manifiestoRecurso de Vox
De hecho, sostiene que en sus interrogatorios en sede judicial en abril de 2022 explicaron que en ese tiempo se desplazó a la sede de Ingesa "un equipo de altos funcionarios de Hacienda, Comercio e Industria que apoyó" y que compartieron todos los trabajos" de entonces. Según explicaron, se encargaron de localizar proveedores y de cerrar acuerdos en el mercado internacional, sobre todo el chino.
Con todo, cabe recordar que el director de Ingesa relató también que tenía "contacto directo" con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al menos dos veces días. Jiménez Palacios relató que le mantenía puntualmente informado de estos contratos que se suscribieron entre marzo y abril de 2020 para suministrar material sanitario como mascarillas, respiradores, o pruebas PCR.
Por ese motivo Vox, que fue quien interpuso querella por estos contratos, solicitó que se practicaran más diligencias y se recabara más documental para esclarecer de donde salieron las órdenes y conocer los detalles de estos contratos opacos. Cabe recordar que de todos ellos destaca el que el Ministerio de Illa otorgó a la empresa asiática HongKong Travis Asia Limited.
El contrato estrella con HongKong Travis
Con este megacontrato, desvelado por este medio, se adquirieron 56,2 millones de mascarillas modelo FPP2 por un importe de 196,5 millones de euros. Se trata de una pequeña empresa de la que no existía entonces ningún rastro y que actuó como intermediaria en esta operativa. Del mismo modo también se investigó el desembolso de 29,8 millones a la empresa española Escribano para el "suministro de equipos de respiración portátiles para el tratamiento Covid-19".
Sobre ellos dice la magistrada que se ajustan a Derecho, si bien Vox expone en su recurso que en estos años no se han practicado las diligencias necesarias para apartar la sombra de duda sobre los mismos. Para empezar, explica que el auto de archivo se funda exclusivamente en un "documento sesgado y presumiblemente inveraz" que facilitó el director de Ingesa y que "supuestamente ha sido elaborado por el Tribunal de Cuentas.
"Estamos ante un documento al que no puede dársele el valor de informe definitivo, sino de un mero documento interno de trabajo, que no está firmado, y del que no se ha podido corroborar ni la veracidad material del mismo, ni la de su contenido", recalca. La formación indica que, para corroborar la autenticidad de este documento se tendría que recabar del máximo órgano fiscalizador el informe íntegro sobre la fiscalización de los contratos de emergencia en plena pandemia.
"El Tribunal de Cuentas no juzga"
Además, determina que el documento que ha servido para dar carpetazo a la causa se elaboró precisamente a raíz de la información aportada por Ingesa; órgano a cuyo frente se encuentra una de las personas investigadas en este procedimiento. Por ello considera que el Tribunal de Cuentas no ha realizado la "labor investigativa sobre la legalidad o no de las adjudicaciones".
"No entra dentro de las atribuciones del denominado Tribunal de Cuentas entrar a juzgar y valorar las posibles implicaciones penales que se hayan podido cometer en la adjudicación arbitraría y dolosa de los contratos públicos", recoge el recurso. Por ello Vox entiende que el órgano ni tiene competencia ni tampoco ha investigado el presunto desfalco con la millonaria compra de estas mascarillas, las cuáles tardaron hasta 10 meses en llegar a España.
Frente al criterio de la Fiscalía, que pidió el archivo a lo largo de la instrucción, Vox insiste en que esta causa no versa sobre los pormenores de la contratación urgente, ni tampoco tiene el foco en la presunta comisión de irregularidades administrativas, sino que lo que se pretende averiguar es si se aprovechó esta situación de urgencia para adjudicar contratos millonarios "de forma arbitraría y dolosa" a empresas completamente ajenas al sector y de las que no se les ha podido seguir el rastro.
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