Vox reabre el debate sobre el uso de armas en el hogar en legítima defensa. La decisión de la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 77 años que mató a un intruso de 35 años que entró en su vivienda en la madrugada del pasado domingo sirve a los de Santiago Abascal para rescatar una de sus propuestas 'estrella'.
Se trata de la medida 86 que fue incluida en el programa de las últimas elecciones generales y que levantó una enorme polvareda política. Desde las filas de Vox abogan por promulgar "leyes anti-okupación y anti-usura" y defienden que los españoles puedan "hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar".
Para ello proponen ampliar el concepto de legítima defensa. Así lo registraron en el documento titulado 100 medidas para la España Viva. La propuesta, desempolvada a raíz del caso de Ciudad Real, también pasa por tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada.
Abascal ha sido uno de los primeros dirigentes políticos en pronunciarse sobre la detención del septuagenario. "Podía ser el abuelo de cualquiera de nosotros. Defendió su propiedad y su vida, pero la ley está al lado del delincuente. Mi apoyo a este hombre de 77 años que ahora sufrirá un calvario judicial. ¿Qué hacía en España un delincuente extranjero reincidente?", lanzó desde su cuenta de Twitter.
La juez le imputó de forma provisional ser el presunto autor de un delito de homicidio consumado, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) a Efe, que indicaron que el procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial. Vox ya ha reclamado su liberación y ha señalado la necesidad de leyes que "protejan a la gente de bien y no al delincuente". "El derecho a la legítima defensa debe prevalecer. Exigimos su pronta liberación", sostiene la formación.
Convocatoria en Ciudad Real
Vox se ha convertido en la única fuerza política que ha convocado a los medios para pronunciarse explícitamente sobre el suceso acontecido en Ciudad Real. Desde las filas de Vox consideran que la autodefensa "no debería ser delito en circunstancias como las que sufrió el ciudadrealeño encarcelado por defender su hogar". "Exigimos que se cambie la ley para que las víctimas de asaltos a domicilios no sean envidas a prisión por defenderse", insisten. La rueda de prensa corrió a cargo del diputado del partido por Ciudad Real, el abogado Ricardo Chamorro.
Chamorro mostró su apoyo al ciudadrealeño encarcelado "por defender el fruto de toda una vida de trabajo" e instó a "realizar un cambio normativo" porque "defender lo tuyo no debería acarrear un infierno judicial".
Desde Vox Ciudad Real lamentaron "el fatal desenlace de este intento de asalto a la casa de una persona de avanzada edad" y, a través de un comunicado, aclararon que no justificaban "el asesinato a tiros de un hombre, como está publicando la prensa en redes sociales", sino que creían "firmemente en la defensa de la propiedad privada y la propia vida frente a los delincuentes que menoscaban nuestra integridad física y nuestras propiedades".
En esa línea, respaldan al detenido "por haber tenido el coraje de defender su casa, y su vida, frente a un delincuente". Vox además se pregunta por qué el delincuente "no estaba en la cárcel cumpliendo sus condenas" y también cuestiona "¿por qué no se ha deportado a su país de origen, teniendo el historial delictivo que tiene?".
La ampliación del concepto de legítima defensa es uno de los reclamos por excelencia del partido y sigue la estela de la llamada Doctrina del Castillo, una ley de origen británico que estipula que la casa de un individuo es su castillo y que él tiene derecho a defenderse y utilizar fuerza letal contra alguien que entre ilegalmente y mientras exista un temor razonable de muerte o grave daño corporal.
Vox y el modelo italiano
En España, a diferencia de otros países, no existen leyes derivadas de este modelo, sino una eximente por legítima defensa total o parcial sobre un delito de homicidio o lesiones. Según el Código Penal, apdo. 4 del Art. 20, Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, para que se considere la mencionada eximente han de darse tres circunstancias: que se trate de una agresión ilegítima, la proporcionalidad de los medios empleados y falta de provocación suficiente por parte del defensor.
A principios de marzo de 2019, meses antes de las generales del 10-N, Italia, a iniciativa de Matteo Salvini, aprobó un proyecto de ley para ampliar el derecho a la legítima defensa. Hasta entonces, se consideraba lícito el uso de un arma de fuego para defenderse de un asaltante, pero bajo una serie de circunstancias.
Pero la modificación estableció que la defensa es "siempre legítima" y que, por lo tanto, no se podrá castigar a quien haya disparado por la necesidad de "defender un derecho propio contra un peligro" o a quien actúe "en un estado de grave turbación, derivada de una situación de grave peligro". La reforma italiana acababa así con el concepto de proporcionalidad entre ofensa y defensa.
Abascal aplaudió la iniciativa promovida, no solo por Salvini, sino por toda la derecha italiana, y el partido incluyó un esbozo de esa propuesta en el programa electoral. "La dictadura progre que pretende que la gente se deje robar, violar y matar dentro de sus propias casas se derrumba. Es puro sentido común reconocer el derecho a defender nuestro hogar, y a defendernos en nuestro hogar. Un acierto político", resumió el líder de Vox.
En una entrevista publicada poco después en el portal armas.es también se mostró partidario de ampliar el concepto legal de legítima defensa y con ello la posesión de armas en el ámbito doméstico.
"Hace falta un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron", explicó ante la pregunta sobre la posibilidad de que "españoles, sin antecedentes penales y certificado de idoneidad psicológica" puedan tener armas en casa.
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