Vox ha planteado a sus afiliados reformar sus estatutos con tal de incluir como infracción grave toda aquella manifestación que "dañe la imagen pública" del partido, de sus órganos o de sus afiliados. Con esto, la formación conservadora endurece su disciplina interna, ya que también sanciona el incumplimiento de las "instrucciones" del partido para las declaraciones públicas en redes sociales o en medios de comunicación.
La formación liderada por Santiago Abascal celebra este sábado su Asamblea General ordinaria, que incluye la aprobación de las cuentas del año 2022, el informe del secretario general y la propuesta de reforma de los estatutos que será sometida al veredicto de los afiliados.
El documento, al que ha accedido Europa Press, Vox modifica su régimen sancionador para incluir como infracción grave "las manifestaciones verbales o escritas por cualquier medio que dañen la imagen pública del partido o de cualquiera de sus órganos colegiados, de sus miembros y afiliados". Todo ello, puntualiza, "sin perjuicio del derecho de todo afiliado a ejercer la crítica o a emitir opinión sobre las políticas y líneas estratégicas adoptadas por los órganos competentes".
Vox también sancionará con la misma gravedad "el incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas en relación con los actos de comunicación pública, en redes sociales o medios ordinarios". El incumplimiento de estos postulados puede acarrear para los afiliados la suspensión de sus derechos en un periodo entre seis meses y dos años o la inhabilitación para desempeñar cargo o función dentro de la formación; aunque incurrir en estas sanciones graves de forma reiterada puede acabar en la expulsión del partido, según contemplan los estatutos.
Con la nueva redacción, los afiliados también estarán obligados a guardar secreto de las deliberaciones y los acuerdos de los órganos de gobierno y grupos institucionales a los que pertenezcan.
La reforma incluye además un nuevo apartado para regular que la afiliación a Vox es incompatible con la afiliación a otro partido o agrupación de electores, siempre y cuando no se tenga la autorización del Comité Ejecutivo competente territorialmente.
Crear y suprimir órganos
La reforma estatutaria afecta también a la estructura del partido, de manera que el Comité Ejecutivo Nacional -el encabezado por el presidente, Santiago Abascal, y formado por los vicepresidentes y vicesecretarios-, tendrá potestad para crear nuevos órganos, modificarlos o incluso disolver los existentes. Eso sí, apunta que en ningún caso podrá crear nuevos órganos con potestad sancionadora.
Vox también apuntala las competencias del Comité de Acción Política, su núcleo duro, formado por Abascal, el secretario general y quienes ellos mismos designen. Es el que se reúne semanalmente para analizar la actualidad política y del que ejerce habitualmente como portavoz su vicepresidente y eurodiputado Jorge Buxadé.
La reforma de los estatutos otorga a este órgano competencia para, "cuando sea preciso, orientar la actividad política de todos los grupos parlamentarios y municipales, así como de los cargos públicos que ejerzan responsabilidades de gobierno o gestión en cualquier ente territorial o institucional de la Administración Pública".
Los nuevos estatutos otorgan además al presidente del partido la competencia directa sobre la Oficina Electoral Nacional, que es la encargada de la organización administrativa de las campañas electorales y el órgano que se ocupa de la relación con las Juntas Electorales.
Nuevo órgano: comité de cumplimiento normativo
Vox crea además un nuevo órgano denominado 'Comité de Cumplimiento Normativo' que, según el texto que se someterá a votación, tendrá como misión "el establecimiento de protocolos para la prevención de actuaciones ilícitas, el control de riesgos, y el desarrollo y supervisión del modelo de organización y gestión previsto en el Código Penal".
Su función, según detalla, será velar por el cumplimiento de la ley, supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de organización, la eficacia de los controles internos del partido y formar a los empleados y cargos públicos "sobre el modelo de prevención y sus responsabilidades", con el fin de evitar una situación de riesgo penal.
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