Vox ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que solicite informes al CGPJ y la Abogacía General del Estado, entre otros órganos, sobre la futura ley de amnistía. La formación que lidera Santiago Abascal considera necesario que la cámara baja cuente con el criterio de estos entes al tratarse de una materia que afecta a derechos fundamentales y teniendo en cuenta que los socios de gobierno, al tramitarla por la vía de urgencia, eludirán todos estos informes.
Fuentes parlamentarias explican que Vox ha solicitado la incorporación de informe de los servicios jurídicos del Gobierno, del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y también del órgano de gobierno de jueces. Cabe recordar que este último fue el primer ente en pronunciarse en emitir una declaración institucional en la que advirtieron que la amnistía vulnera la separación de poderes y atenta contra el Estado de derecho.
Las fuentes consultadas explican que se hace necesario recabar todos estos informes, aunque no sean vinculantes, al considerar que la amnistía vulnera la Constitución y que, además, atenta exclusivamente contra la labor del Poder Judicial en relación al mandato recogido en la Carta Magna acerca de que juzgan y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117 de la Constitución).
Antecedentes de la amnistía en el Congreso
Al hilo recuerdan que los propios letrados del Congreso determinaron que la propuesta de de amnistía que presentó el grupo plural y el grupo de ERC en 2021 era inconstitucional y, por ello, la Mesa de la cámara baja desestimó la admisión a trámite del texto. Pese a que ahora el nuevo letrado ha avalado la proposición registrada por el PSOE, en 2021 los servicios jurídicos avisaron de que la propuesta no era constitucional.
Según expusieron, al margen del título que llevara la proposición, la forma en la que estaba redactada encubría una suerte de indulto "de carácter general" para los líderes del procés. Al respecto recordaron que en la actual Constitución se reconoce la medida de gracia a nivel individual siendo que no tienen cabida los indultos generales. Por todo ello concluyeron que el texto entraba en contradicción palmaria con el texto constitucional y que no cabía su admisión a trámite.
Ahora Vox mueve ficha y reclama a la Mesa que la tramitación de este nuevo texto que sí verá la luz, cuente con los informes preceptivos de los órganos constitucionales como si de una tramitación ordinaria se tratara. De esta forma tendría que pronunciarse la Abogacía General del Estado (que acusó por sedición en la causa del procés), el Consejo Fiscal, el CGPJ en funciones y también el Consejo de Estado.
Vox contra la amnistía
Precisamente uno de los argumentos que empleó el CGPJ para defender su declaración institucional fue precisamente que el Congreso de los Diputados como ha ocurrido en otras ocasiones, no recabaría su criterio al tratarse de un trámite de urgencia. Cuestión diferente es lo que haga el Senado, con mayoría del Partido Popular, cuando la norma se tramite en esta cámara.
Del mismo modo Vox solicita a la Mesa del Congreso que recabe de la Administración General del Estado informe con los actos de los que se pudiera derivar una responsabilidad penal, administrativa o contable relacionados con las consultas ilegales que se han organizado en Cataluña desde 9-N de 204 hasta el 1-O que impulsó Carles Puigdemont.
Cabe recordar que la ley que ha elaborado el PSOE en connivencia con sus socios independentistas abarca todos los hechos que van desde la consulta de Artur Mas en 2014 hasta la declaración unilateral de independencia del gobierno de Puigdemont. Quedarán amnistiados los condenados por el procés, los procesados en Cataluña por el 1-O, los demandados en el Tribunal de Cuentas (que están pendientes de sentencia) y también las derivadas de Tsunami Democràtic o CDR, entre otros.
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