Vox ha registrado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la última cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al PNV en los Presupuestos Generales del Estado 2022: la entrega de competencias sobre los funcionarios de la administración local con habilitación nacional.
Cinco días después de que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aprovechase el acto central de la celebración del Aberri Eguna para cargar contra el pacto alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León y se refiriese a estos últimos como "fachas", la formación liderada por Santiago Abascal ha respondido anunciando un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra los peneuvistas.
En concreto, la denuncia afecta a la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, una disposición que se introdujo en el proyecto presupuestario in extremis y que supone la cesión de la competencia sobre el cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional al País Vasco.
Finalmente, el texto quedó redactado así: "En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92.bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas".
De esta forma, el Gobierno otorga -a través de los presupuestos del Estado- la "formación, selección, nombramiento y asignación del primer destino" de los secretarios e interventores municipales en el País Vasco.
El recurso de Vox
Vox califica la maniobra de "peaje al nacionalismo" y advierte que "vulnera la Constitución" sobre las competencias exclusivas del Estado y que solo fue aceptado "ante la necesidad del Gobierno de sacar adelante sus Presupuestos Generales". "Otra indigna cesión indigna cesión al PNV al entregar a nuestros funcionarios de la Administración local al País Vasco con una transferencia de la competencia íntegra", considera la diputada de Vox Macarena Olona.
De acuerdo al recurso de Vox, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el contenido de la disposición "no forma parte del contenido propio o núcleo esencial del presupuesto, integrado por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico; pero tampoco tiene la imprescindible relación inmediata y directa ni con los ingresos y gastos del Estado ni resulta imprescindible para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto".
"Es evidente que la disposición final primera impugnada atribuye, con vocación de permanencia, a la Comunidad Autónoma vasca competencias que el legislador estatal considera incluidas en el ámbito de lo básico", concluye el partido de Abascal.
Y continúa: "Pocos argumentos son necesarios para justificar la improcedencia de incluir en la ley anual de presupuestos una reforma estructural que afecta al Derecho codificado de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, adoptando la decisión legislativa de otorgar a una concreta Comunidad competencias que, legítimamente, el legislador básico estatal ha considerado que constituyen un mínimo común necesario para garantizar 'unas condiciones mínimas de igualdad en el régimen de los funcionarios habilitados con carácter nacional', alejando 'lo más posible del ente local la toma de decisiones sensibles relacionadas con secretarios e interventores, todo ello para asegurar su despolitización'".
La cesión al PNV ha suscitado interés en el independentismo catalán. Ahora, ERC y Junts per Catalunya quieren hacer un "frente común" en las Cortes para que la competencia sobre los funcionarios de la administración local con habilitación nacional se transfiera a las Comunidades Autónomas al igual que se ha hecho en el caso de País Vasco utilizando los PGE 2022.
La demanda de Vox se suma a otras dos anteriores que afectan a País Vasco. El partido liderado por Abascal presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de Covid-19 aprobada por el parlamento vasco y otro contra el 'cordón sanitario' a la única diputada del partido en la Cámara vasca.
En este último caso, el Tribunal Constitucional dio la razón a Vox y anuló el cordón que el Parlamento Vasco había impuesto en torno a Amaia Martínez al limitar sus intervenciones, capacidad de presentar iniciativas y de hacer preguntas en las sesiones de control. Los magistrados también anularon la decisión de impedir que el grupo fuera denominado "grupo mixto Vox".
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