Vox ha interpuesto una querella contra Dina Bousselham y su pareja Ricardo Sá Ferreira en los juzgados de Alcorcón por mentir presuntamente en relación con el episodio del robo de su teléfono. El partido político actúa al margen del caso Villarejo (donde se investigan estos hechos) y solicita al juzgado de esta localidad que admita la querella por simulación de delito, estafa procesal y falso testimonio.
El movimiento del partido se produce en paralelo a las actuaciones impulsadas por el magistrado que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón. El instructor que indagó el asunto relativo al robo de este dispositivo y su posterior filtración en prensa, dedujo testimonio para que se investigase a Dina y su pareja en los juzgados de Alcorcón y también en Plaza de Castilla.
Vox actúa también en este sentido e interpone querella en los juzgados de Alcorcón, donde Dina y su pareja denunciaron en noviembre de 2015 el robo de un abrigo en cuyo interior contenía su teléfono móvil con información íntima suya y de su entonces jefe, Pablo Iglesias. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, sostiene que la exasesora de Podemos faltó a la verdad en sus diferentes declaraciones en la Audiencia Nacional, así como en la ampliación de denuncia que presentó en agosto de 2016 en el juzgado de Alcorcón que investigaba estos hechos.
Dina actuó "con desprecio a la verdad"
Para entonces, sostiene el partido, Dina ya era conocedora de que el origen de las publicaciones en prensa de su teléfono móvil no era resultado del robo denunciado meses antes sino que eran pantallazos que ella misma difundió. "Con temerario desprecio a la verdad, procedieron en agosto de 2016 a presentar un escrito de ampliación de la denuncia inicial formulada por Dina Bousselham, tratando de simular, falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en un digital y la desaparición del teléfono", reza la querella que firma la letrada Marta Castro.
Vox, que litiga como acusación popular en el caso Villarejo, recuerda cómo el asunto no volvió a trascender hasta que en 2018, en plena investigación por los espionajes del comisario, los agentes encontraron entre todo el material incautado, contenido del teléfono de Dina. Ello dio pie a que el magistrado Manuel García Castellón les ofreciera personarse en la causa y declarar como perjudicados del comisario y la conocida como policía patriótica.
Los querellados han faltado a la verdad de forma deliberada y consciente con la espuria intención de mantener abierto el procedimiento
En ese contexto comparecieron tanto Dina como el entonces líder de Podemos y denunciaron que todo este asunto era una actuación de la brigada parapolicial para hundir a la formación morada con una campaña falsa en pleno periodo electoral. Villarejo, por su parte, negó robo alguno de este dispositivo ni que fuera el responsable de la filtración en prensa. El comisario dijo que escuchó de terceros que fue la propia Dina la que hizo pantallazos de su móvil y los reenvió a terceros.
Vox indica en su querella que, tras estas primeras diligencias, se sucedieron "una serie de actuaciones" que propiciaron un giro de 180 grados en esta pieza décima del caso Villarejo. La primera de ellas fue una nueva comparecencia de Dina ya en mayo de 2019. La perjudicada reveló a pregunta de Anticorrupción y del juez que ella recibió la tarjeta de manos de Pablo Iglesias medio año después de que a éste se la entregara Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta.
Contradicciones
Entonces dijo que su exjefe sí visualizó el contenido de la SD, pero que ella no había podido acceder al contenido. Tras esta confesión, Dina volvió a solicitar comparecer en la causa insistiendo en que nunca se sintió perjudicada por la actuación de Iglesias y que si éste retuvo el contenido esos meses fue por confianza. También reivindicó ser la autora de los pantallazos pero negó que diera traslado a la prensa de los mismos.
Con todo, el juez entendió que los hasta entonces perjudicados podrían haber cometido delito y remitió las actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ente competente por la condición de Iglesias entonces de aforado. Los magistrados le devolvieron las actuaciones para que practicase más diligencias en aras a esclarecer los motivos del destrozo de la tarjeta, entre otros asuntos.
Se ha faltado a la verdad de forma deliberada y consciente con el fin de exculpar a Pablo Iglesias del delito de revelación de secretos y daños informáticos
La querella presentada ahora en los juzgados de Alcorcón se hace eco de la actuación del juez -quien acudió sin éxito a la Policía Científica para que investigase el estado de la SD- y sostiene que "no habiéndose podido acreditar la fecha en la que se procede a la destrucción de la tarjeta, ni la fecha del último acceso, el periodo en el cual tuvo lugar la comisión del supuesto delito de revelación de secretos y daños informáticos queda circunscrito al espacio temporal que transcurre desde que Asensio entrega a Iglesias la tarjeta micro SD".
Además también hace hincapié en que las declaraciones de marzo y mayo de 2019 incurren en contradicción con la que prestó en marzo de este año, cuando entonces Dina dijo que accedió a la tarjeta en un primer momento y que luego no funcionó. También dijo que envió pantallazos a su grupo de Telegram para echarse "unas risas".
Por todo ello la formación que lidera Santiago Abascal pide que se investigue a Dina y su entonces pareja por simulación de delito, estafa procesal y falso testimonio. En relación con este último tipo penal, el equipo legal de Vox recalca en que "tiene una gran importancia como delito contra la Administración pública" porque afecta de manera directa a la investigación por el caso Villarejo. "Han faltado a la verdad de forma deliberada y consciente con la espuria intención de mantener un procedimiento abierto", sentencian.
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