Vox defenderá la próxima semana una iniciativa con la que persigue que el Congreso repruebe a las ministras Pilar Llop (Justicia) y Margarita Robles (Defensa) por sus "inadmisibles" palabras contra la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma, así como al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por ser el "autor material" del decreto con esa restricción de la movilidad.
En su proposición no de ley, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal comienzan censurando las declaraciones realizadas por Llop el mismo día en que se conoció el fallo del Alto Tribunal, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Vox contra el primer estado de alarma.
En rueda de prensa desde Moncloa, Llop dijo que el Gobierno respetaba pero no compartía la sentencia del máximo intérprete de la Carta Magna y defendió el decreto del estado de alarma porque el confinamiento salvó vidas, tal y como, destacó, defendieron los cinco magistrados del Alto Tribunal contrarios al fallo. Unas palabras que Vox ve "inoportunas" porque suponen una "injerencia" en los asuntos del TC, "incompatible con la separación de poderes".
También denuncia Vox las palabras pronunciadas por la magistrada en excedencia y titular de Defensa, Margarita Robles, defendiendo el decreto del estado de alarma de marzo de 2020 y tachando de "elucubraciones doctrinales" la sentencia del TC.
Censura a Félix Bolaños
Y carga, asimismo, contra quien considera el "autor intelectual y material" del decreto del estado de alarma que ahora ha sido declarado inconstitucional, el antiguo secretario general de la Presidencia y ahora ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Por todo ello, el grupo que capitanea Iván Espinosa de los Monteros plantea que el Congreso censure tanto a Llop como a Robles por sus declaraciones contrarias al fallo del TC por haber "socavado" en última instancia la independencia e imparcialidad de este tribunal, y que señale también a Bolaños por estar detrás del decreto por el que Gobierno llevó a cabo "la mayor restricción de derechos fundamentales de la democracia de forma inconstitucional".
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