Vox no ha encontrado apoyo suficiente en el Congreso a su iniciativa para llevar a la Fiscalía Anticorrupción el expediente del rescate a la aerolínea Plus Ultra pero ha avanzado que presentará querellas por malversación de caudales públicos y prevaricación contra los responsables del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Este Consejo Gestor está dirigido por el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y cuenta entre sus miembros con la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco; o la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
La moción también pide concretar la definición de empresas estratégicas, para las que se reservan estos rescates, un mayor control y rendición de cuentas en su gestión, y actuar contra las ayudas recibidas por Plus Ultra, 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
"Esto apesta", "huele fatal"
En su defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal ha calificado el fondo de rescate como un "fondo de reptiles" y se ha preguntado cómo la ayuda puede alcanzar a más de la mitad de la facturación de esta aerolínea en 2019.
Asimismo, ha mostrado una imagen de la compañía con el hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su predecesor, Hugo Chávez. "Podríamos cambiar y poner a Lenin o Stalin", ha dicho González Coello de Portugal.
"Esto apesta", ha abundado Eloy Suárez Lamata (PP), asegurando que "el despacho del señor (Baltasar) Garzón impulsa esta subvención" y cuestionando el carácter estratégico de la aerolínea. Por su parte, María Muñoz (Cs), ha cuestionado que la empresa sea solvente, otro de los requisitos, cuando acumula pérdidas desde 2015.
Además del PP y Cs, han avanzado su apoyo Foro Asturias y Coalición Canaria, cuya diputada, Ana Oramas, ha instado al Gobierno a facilitar toda la documentación "y dar marcha atrás" porque, a su juicio, "esto huele fatal".
Frente a ellos, el PSOE ha calificado la moción de "tramposa" y "malintencionada", asegurando su diputado José Luis Ramos que a Vox "no les importa nada" la gestión del fondo: "Cuando ven una empresa ven un consejo de administración, pero nosotros vemos trabajadores, territorios, proveedores, clientes y vida", ha espetado.
"Si tienen pruebas, no esperen"
Unidas Podemos, el PDeCAT y el PNV también han rechazado la moción, pero además han criticado a Vox por amenazar con denunciar, instando a esta formación a acudir a los tribunales directamente si cuentan con pruebas delictivas.
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha abundado que así "flaco favor" se hace a los trabajadores del SEPI encargados de realizar informes y valoraciones, pues así se cuestiona, ha dicho, con "mucha frivolidad" su trabajo.
Roser Maestro, de Unidas Podemos, directamente ha apostado por centrar su intervención por empresas de las que, a su juicio, sí debería de hablarse, como la planta de Ford en Valencia, con la amenaza de despido de 630 trabajadores, y un potencial cierre en Plinkington para otras 400 personas, que han iniciado una huelga.
Finalmente, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha reconocido que ni le gusta ni entiende ni comparte esta operación, así como la respuesta de la ministra. "Pero estoy aquí para hacer política. Mis motivaciones no deben ser judiciales. Si tienen pruebas, no esperen a la votación", ha zanjado.
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