Un usuario anónimo llamado “infanta” subió a Wouzee.com el vídeo de Doña Cristina ante el juez. Es la versión oficial de la página web que asegura que retiró el fragmento cuando lo recibió el sábado por la tarde y que sólo tras consultar con sus servicios jurídicos decidió volver a colgarlo en su web el domingo. Oficialmente, los responsables de la página no conocen el origen del vídeo porque ni siquiera la IP (los dígitos que identifican el origen de todas las comunicaciones en internet) pertenecen a España sino al extranjero, presuntamente a Nueva Zelanda al haber sido ocultados con una VPN (Virtual Private Network) un sistema que permite conexiones desde servidores ubicados en otros países. Ésa es la versión oficial de la empresa que la Policía ni siquiera ha recabado porque no se ha dirigido a la página web, según fuentes de wouzee.com consultadas por Vozpópuli.
"Estamos en beta y se puede subir de forma anónima. Hay una persona que ha grabado ese contenido lo ha colgado en Wouzee y ya está", explica Marcial Cuquerella, el presidente de la web dedicada a albergar vídeos y señales en directo grabadas por los usuarios.
"No hemos ganado ni 50 céntimos con esas imágenes", asegura Fernando Quintela
Pero al margen de la versión oficial, el pie de foto del vídeo tiene un nombre en común con la otra cámara oculta que sacudió la vida política española en los 80 cuando Felipe González declaraba ante el Tribunal Supremo por el caso Marey: Fernando Quintela. Entonces, Quintela introdujo una cámara desmontada en el tribunal para captar la instantánea y publicarla en el diario El Mundo. Quien levantó aquel revuelo político es el mismo Quintela que hoy dirige Wouzee, una página con un mes y medio de vida y que, tras la exclusiva, es citada por todos los medios de comunicación de España.
“Hemos tenido la suerte de que nos caiga a nosotros”, asegura Quintela que niega haber ganado dinero con ellas. “No hemos ganado ni 50 céntimos con esas imágenes”, asegura sin negar que lo que sí han ganado es popularidad después de que su antiguo periódico, el diario El Mundo, “capturó la pantalla cuando era subida en directo antes de que se despublicara”, relata.
Los abogados denuncian una operación de marketing
El abogado de la infanta, Miquel Roca, ha pedido al juez que decida qué se hace a partir de ahora con la grabación y con el autor de la misma. "Corresponde a su señoría", aseguró Roca ante los micrófonos. Entre esos abogados, sin embargo, denuncian que se ha hecho una “campaña de lanzamiento de un producto a costa de la infanta”, un extremo que niega Wouzee. “Quien ha querido insertar las imágenes en su web o descargarlas ha podido hacerlo con ingresos cero para nosotros”, concluye Quintela, que reitera: “no hemos vendido las imágenes a nadie”.
Por contra, otras de las partes de la causa aplauden la imagen porque burlan unas medidas de apagón tecnlógico dictadas por el juez que consideraban "extraordinarias". "La imagen no sólo sirve a wouzee sino también al público que puede ver el tono y el ambiente de la sala", defiende uno de los abogados consultados que pide no ser identificado.
Al margen de los motivos y del origen de las fotografías, su resultado está claro: el interrogatorio que nunca debió verse ha pasado a ser el que nunca podrá olvidarse: una hija del Rey sentada ante un juez.
un sistema informático para confundir
El sistema utilizado para colgar el vídeo en el servidor juega con dos ventajas: primero, la empresa no exige ningún tipo de registro a sus usuarios porque --según su consejero delegado-- "todavía está en fase beta", es decir, en pruebas y, segundo, porque quien lo remite utilizó una VPN (Virtual Private Network), un sistema remoto que permite conectar con un terminal en el extranjero y simular que la conexión se produce desde otro país.
No es la primera vez que la justicia española tiene que verse con una de estas artimañanas informáticas en un caso de relevancia mediática. Algo similar ocurrió durante la investigación del caso sobre el supuesto chantaje sufrido por el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, que llevó a la detención en diciembre de 2012 del entonces diputado del PP Santiago Cervera. Las pesquisas abiertas, y aún no concluidas, pretendían determinar si el parlamentario había acudido a las murallas de Navarra a recoger información sobre presuntas corruptelas en la entidad financiera, como defendía él, o a recoger el dinero de la extorsión, como parecía indicar las circunstancias de su detención. Para aclarar los extremos, el juez encargado del caso ordenó a la Guardia investigar el origen de los correos electrónicos que ambos protagonistas de la oscura historia habían recibido. Por un lado, el que citaba a Cervera en la capital Navarra. El segundo, el que había pedido dinero al directivo del banco. Tras meses de pesquisas, los expertos en ciberdelincuencia del instituto armado chocaron contra el muro, precisamente, de las VPN.
Así, el rastro informático que dejó email que recibió Asiain en el que se le daban instrucciones concrtas y precisas para depositar el sobre con el dinero, procedía de la cuenta casocaja@mail.com que sólo había servido para mandar ese mensaje. Una cuenta que se había creado a aparentemente a través de un ordenador situado en Hong Kong. De allí, el email había pasado por servidores de EE.UU, Ucrania y Alemania antes de llegar al equipo informático de la investigación. Un largo y peculiar recorrido descubierto tras una larga investigación de cerca de un año, incluida una comisión rogatoria a las autoridades de Washington, que finalmente no desvelo el misterio. Lo único que quedó claro a los investigadores es que quién escribó aquellas líneas era un experto informático que sabía como borrar todas las huellas de sus andanzas por el ciberespacio.
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