Muface esquiva la bala. La mutualidad general de funcionarios del Estado ha logrado zafarse de un golpe que se preveía mortífero. Sumar incluía en su programa electoral la disolución de Muface, de tal forma que los funcionarios pasasen a engrosar las listas de la seguridad social y no pudieran elegir entre un proveedor sanitario privado (Adeslas, Asisa y DKV) o uno público. Los funcionarios cruzaban los dedos para que el acuerdo entre el PSOE y Sumar no incluyera este punto, como así ha terminado ocurriendo. Yolanda Díaz ha cedido y el PSOE ha conseguido sacar adelante el acuerdo sin tan impopular medida.
El programa de Sumar es claro al respecto: "Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos".
La voluntad de Sumar de acabar con Muface nace del ala más errejonista de la formación. De hecho, el primer partido en incluir en su programa electoral la disolución de Muface fue Más País. Los de Íñigo Errejón proponían en 2019 una medida que en 2023 ha copiado y pegado Sumar. Ni siquiera Podemos la llegó a incluir en su programa dada la mala fama que tiene entre los funcionarios públicos, que consideran la mutualidad una conquista social. Podemos se limitó a registrar una PNL en 2021 que fue rechazada en el Congreso.
La exclusión del acuerdo de Gobierno de la disolución de la mutua da oxígeno a Muface, pero no la aleja de la respiración asistida. Su financiación persiste en un estado preocupante. El modelo necesita una contundente inyección de capital público que no puede llegar mientras el Gobierno esté en funciones. Así se puso de manifiesto en el último Consejo General de Muface, celebrado a finales de septiembre-. En los dos últimos años, las pérdidas ascienden a 340 millones de euros entre las tres aseguradoras. Una cifra que podría crecer a los más de 500 millones el año que viene. Si no se mejoran considerablemente las condiciones del concierto sanitario, DKV podría abandonar el modelo el año próximo, algo que desde el sindicato CSIF temen porque creen que daría lugar a un efecto contagio y el resto de mutuas abandonarían también Muface.
Consecuencias de la desaparición de Muface
De haber incluido Sánchez en su acuerdo esta medida se dejaría al 73% de los funcionarios sin su opción preferente (la sanidad privada). Estamos hablando de 1.081.052 funcionarios que a través de Muface eligen ser asistidos por una aseguradora privada frente a los 405.880 que seleccionan la sanidad pública. Los empleados públicos que eligen la sanidad privada acceden por ley a la misma cartera de servicios que cualquier usuario de la seguridad social. La diferencia es que sale más rentable. Según los cálculos efectuados por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el modelo ahorra 800 millones de euros de gasto a la sanidad pública.
Su eliminación también engordaría las listas de espera a nivel nacional. En estos momentos, el Ministerio de Sanidad calcula que un español espera de media 122 días (más de 4 meses) para recibir la operación quirúrgica prescrita, y 95 días (3 meses) para ser visto por un especialista. Si la sanidad pública asume la atención de los más de dos millones de mutualistas y beneficiarios de Muface que pasarían a formar parte de la seguridad social, el IDIS calcula que las listas de espera crecerían 30 días. O sea, que la lista de espera para ser operado aumentaría a los 5 meses y para ser visto por un especialista a los 4 meses).
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