El supuesto desvío de millones de euros de dinero público de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) amenaza con salpicar de modo muy directo a la principal empresa de la UTE que participó en su construcción: Acciona. La existencia de dos certificaciones de obra sospechosas fechadas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal de diciembre de 2010 que permite la imputación de personas jurídicas amenaza con convertir a la empresa de los Entrecanales en algo más que un mero espectador en el sumario: estar imputada en un caso en el que ya están encausados dos de sus directivos, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Según fuentes conocedoras de la investigación, el análisis de la documentación incautada que están realizando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía será clave para determinar el 'futuro' judicial del grupo empresarial en el escándalo.
Hasta el momento, las investigaciones han detectado el desvío de 10 millones de euros, aunque en la denuncia se habla de una cantidad ocho veces superior
Hasta el momento, las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas. El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.
A raíz de ésta, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que desembocó el pasado 14 de agosto en una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.
Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. De hecho, en el sumario ya constan facturas de 80.000 euros pagados por obras realizadas supuestamente por una empresa de las hijas de uno de los implicados que, sin embargo, no tiene nada que ver con la construcción: se dedica a la enseñanza de niños pequeños. Además, han aparecido otras que suman más de un millón de euros emitidas por una empresa de automoción por trabajos que nada tienen que ver tampoco con su actividad mercantil. Sin embargo, la principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.
Un parking no hecho
Según los datos en poder de este diario, una de esas certificaciones de obra sospechosas se refiere a la construcción en una parcela de un parking para un hipermercado que al final no se instaló y que, como reconoció uno de los imputados, García Becerril, fue firmada como realizada pese a que no era así. La segunda se refiere, según las fuentes consultadas, a unas obras de saneamiento que ni siquiera se iniciaron. El exgerente de la plataforma logística aseguró ante el juez que era él quien plasmó las rúbricas en dichos documentos para que la UTE, en la que participaba Acciona, pudiera cobrar de la empresa pública, pero recalcó que lo hacía siempre a partir de los informes que emitían en su reunión de los lunes José María Jordán -al que sustituyó el otro directivo cuando la empresa de los Entrecanales destinó a aquel a Brasil- y los otros dos imputados en la causa.
Según fuentes conocedoras de los pormenores del sumario, si se confirmase que Acciona no tuvo la diligencia debida en el control de los dos directivos imputados, la empresa como persona jurídica podría ser imputada por malversación de caudales públicos. Una condena por este delito le impediría seguir contratando con laAadministración. Sin embargo, otras fuentes creen que la persona jurídica que podría resultar finalmente afectada por la acción de la Justicia sería la UTE en la que participaba mayoritariamente la compañía. Hasta ahora, como adelantó este diario el pasado 21 de septiembre, la conocida empresa se ha empleado a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados. De hecho, la compañía controlada por la familia Entrecanales presentó en el juzgado un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas que impuso a sus empleados el magistrado para devolverles el pasaporte y que ambos pudieran regresar a Brasil y Colombia, donde trabajan ahora para la compañía.
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