La estrategia de espionaje masivo puesta en marcha por los Mossos d’Esquadra fue dirigida por su Comisaría General de Información, dedicada a las investigaciones más sensibles como las que afectan a la lucha contra el terrorismo. Esta es una de las conclusiones que recoge la Policía Nacional en su informe elaborado a partir de la documentación incautada a los Mossos en la incineradora de Sant Adriá del Besós. El responsable de este departamento era y es actualmente todavía el comisario Manel Castellví, un mando fiel al exmayor, Josep Lluís Trapero.
“Numerosos documentos intervenidos dejan ver que la Comisaría General de Información de Mossos d’ Esquadra, obedeciendo consignas políticas, se ha constituido en la parte medular y de confianza para la implicación de la Policía de la Generalitat en los proyectos separatistas”, dice el informe policial, elaborado el 15 de diciembre al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Según los investigadores, además, “en esa unidad se han gestado las actas/informes sobre lo ocurrido en los centros de votación el 1 de octubre, con reiteradas indicaciones escritas de modificar el contenido inicial de aquellos informes para trasladar la idea de una actuación de impedimento del referéndum que realmente no llevaron a cabo”.
Cuatro meses desde el artículo 155
Han pasado dos meses y medio desde que la Policía plasmase estas conclusiones y más de cuatro meses desde que el Gobierno aplicó el artículo 155 que, entre otras cosas, otorga al Ministerio del Interior plenos poderes sobre el cuerpo autonómico. La intervención del ministro Zoido se limitó a destituir a Trapero y colocar en su lugar a uno de sus subordinados Ferrán López. Pero el resto del organigrama policial permaneció intacto y en él resiste, al menos hasta ahora, el comisario Castellví, según confirman a Vozpópuli fuentes oficiales de la Consejería de Interior del Gobierno catalán. Durante todo este tiempo ha seguido teniendo acceso a todos los archivos de carácter sensible que dependen de su Comisaría.
El informe policial permanecía bajo secreto en la Audiencia Nacional, pero algunos de sus datos como el espionaje ya eran conocidos por el Gobierno y habían sido filtrados a la prensa con anterioridad y señalaban a agentes integrados en la estructura dirigida por Castellví. También se adelantó hace semanas que entre el material que iban a destruir se encontraba la alerta de los servicios de inteligencia de EEU.UU., que advertía a la Comisaría de Información los Mossos del riesgo de un posible ataque yihadistas en Las Ramblas meses antes del atentado de agosto. Este aviso siempre fue negada por la policía autonómica.
Han pasado ya días desde que se levantó el secreto sobre el informe de la Policía Nacional, pero el Ministerio del Interior guarda silencio cuando es preguntado acerca de si va a adoptar alguna decisión contra Castellví. Por su parte, otras fuentes consultadas indican que el plan de Zoido pasa por evitar su cese. Prefiere esperar a hacer efectiva la petición de Castellví de ingresar en la segunda actividad (algo así como una prejubilación), pero todavía no se ha fijado fecha para ello. La petición la realizó en octubre apenas unos días antes de la aplicación del 155 alegando motivos personales y el trámite puede durar hasta seis meses. Nada impide a Zoido cesarle.
Su nombre aparece 34 veces
Su nombre aparece un total de 34 veces en el documento. Muchas de ellas son en actividades propias de su cargo, pero en otras su participación es sospechosa, según las conclusiones de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional
El favorito de Interior para sustituir a Castellví es Miquel Justo Medrano, actual número dos de Información. Eso a pesar de que su nombre también aparece vinculado al espionaje. Justo Medrano puso en copia de dos correos electrónicos a Castellví para que estuviese al corriente de una petición formulada al CESICAT (considerado como el CNI catalán) para poder acceder a las bases de datos de instituciones oficiales sin dejar rastro y sin pasar el filtro de tener que solicitarlo oficialmente. Estos correos los envió en junio de 2012.
“Queda constatado que la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y más concretamente la CGI (Comisaría General de Información), estaba muy interesada en poder obtener acceso a todas esas bases de datos, a las cuales sólo se podía acceder bajo petición por escrito y por conducto reglamentario entre administraciones, tal como realizan todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y así poder hacerlo autónomamente y sin dejar constancia por escrito de cualquier consulta a las mismas, con la premisa de que prácticamente de esta manera se podría averiguar hasta la más mínima información de cualquier ciudadano”, dice el informe policial.
El documento destaca que la información que se pretendía destruir en la incineradora "pertenecía en su totalidad, procedía y había sido gestionada por la Comisaría General de Información, como ha podido comprobarse tras el análisis de la misma. Los funcionarios que la transportaban pertenecían a esa misma Unidad. En el lugar de la intervención se personó a los pocos minutos un intendente perteneciente a la misma, para interesarse por lo que sucedía”.
Castellví tuvo que ir el mes pasado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo. Fue preguntado en un largo interrogatorio sobre el papel de los Mossos en el proceso independentista. Fuentes presentes en su comparecencia indican a este periódico que respondió casi todo el tiempo con evasivas.
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