La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha reiterado este jueves que su primera impresión tras conocer el proyecto del Gobierno británico de tramitar una ley para deportar "rápidamente" a quien llegue por rutas migratorias irregulares a Reino Unido es que tal norma "puede violar" el Derecho Internacional.
"Espero que respete los acuerdos internacionales y la Convención de Ginebra, pero debo decir que mi primera impresión es que puede haber vulneraciones. Pero, claro, lo analizaremos más (en detalle) antes de hacer más declaraciones", ha indicado Johansson en una rueda de prensa en Bruselas, al término de una reunión de ministros de Interior de la UE.
La comisaria, cuyas palabras sobre sus dudas respecto a la legalidad del proyecto de Ley británico ya irritaron el miércoles a Londres, ha repetido su análisis, aunque precisando que apenas conoce los detalles de la norma porque fue informada por vía telefónica hace dos días por la ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman.
"Mi reacción inmediata fue decir que podría violar los acuerdos internacionales y la Convención de Ginebra y ella dijo que espera que no sea el caso", ha completado la comisaria europea, quien a su llegada a la reunión con los 27 dijo confiar en que Londres no vulnere la legalidad.
La ministra de Interior de Suecia y presidencia de turno de la UE, Maria Malmer, ha evitado comentar directamente el caso británico en la misma rueda de prensa que Johansson, pero ha defendido el cumplimiento de las reglas internacionales en materia de asilo, al tiempo que ha advertido de que "este tipo de ideas" se oyen en diferentes países como "señal de frustración" porque el actual sistema europeo "no funciona".
El Gobierno de Reino Unido presentó el martes una nueva ley con la que busca deportar "rápidamente" a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.
Braverman abogó por "detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas", para lo cual puso sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el Derecho Internacional.
La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual -aún por determinar- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.