La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de derecho, Vera Jourova, ha insistido en la "importancia" de que la Generalitat dé cumplimiento del 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Quisiéramos subrayar la importancia de que todas las instituciones públicas respeten siempre y apliquen al completo todas las decisiones judiciales, dentro del pleno respeto del Estado de derecho y del orden constitucional español", escribe Jourova en una carta a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa a la que ha tenido acceso a Europa Press.
La vicepresidenta comunitaria responde así a una misiva anterior de la eurodiputada, que en varias comunicaciones al Ejecutivo comunitario en los últimos meses ha denunciado el "desacato" de sentencias judiciales y el modo en que ello supone una "discriminación" de los alumnos cuya lengua materna es el castellano.
El pasado otoño, Pagazaurtundúa denunció en un escrito a Jourova la "intimidación y acoso violento contra una organización de estudiantes demócratas por parte de independentistas identitarios excluyentes en Cataluña" -después de que un grupo de estudiantes destrozaran una carpa informativa de la plataforma S'ha Acabat en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)- y criticó que "ni las autoridades académicas, ni regionales ni nacionales" actúen para evitar este tipo de incidentes.
La eurodiputada también insistió en que en Cataluña se producen "constantes violaciones de los derechos civiles" que en su opinión se producen "instigadas por el gobierno independentista", lo que contribuye a que la situación se cronifique y estas violaciones de derechos fundamentales esté tomando "naturaleza sistémica".
En su respuesta, Jourova agradece a Pagazaurtundúa su carta sobre "las condiciones de la libertad de expresión en las instituciones académicas en Cataluña" y afirma que la Comisión Europea "confiere gran importancia a la libertad de expresión y a la libertad académica, consagradas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE".
La responsable comunitaria explica su limitación para actuar porque, de manera general, es competencia de los Estados miembro hacer cumplir los derechos fundamentales que protege esta Carta común.
Por ello, añade, en este caso "le corresponde a las autoridades españolas, incluidas las judiciales, asegurar que los derechos fundamentales son respetados de manera efectiva y protegidos de acuerdo a la legislación nacional y las obligaciones internacionales de derechos humanos".
En este sentido, Jourova confirma que el Ejecutivo comunitario "está al tanto de la ley aprobada por el Parlamento regional que regula el uso de las lenguas en instituciones educativas en Cataluña", así como del recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional "está actualmente estudiando".
"Quisiéramos subrayar la importancia que todas las instituciones públicas respeten siempre y apliquen al completo todas las decisiones judiciales, dentro del pleno respeto del Estado de derecho y del orden constitucional español", zanja la vicepresidenta responsable de Estado de derecho.
"Tenga la seguridad de que la Comisión sigue comprometida con defender la independencia judicial en todos los Estados miembro y seguirá trabajando con las autoridades españolas para promover el Estado de derecho en el marco del informe anual sobre Estado de derecho", concluye la política checa.
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