Internacional

Bruselas riega con 105 M a la dictadura de Túnez mientras las ONG denuncian violaciones de derechos humanos

Diferentes ONG denuncian el acuerdo migratorio que la Comisión Europea ha firmado con el país magrebí, entienden que dejar en manos de terceros países las labores de protección y asilo no garantiza el respeto de los derechos humanos

Agresiones, desalojos sumarios y detenciones arbitrarias, son las vejaciones que denuncian algunos migrantes que vienen desde Túnez a los equipos desplegados por organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras que hablan para Vozpópuli. A pesar de la alerta lanzada por varias ONG, la Comisión Europea busca repetir el modelo implementado con Libia y Turquía para controlar el repunte migratorio que ha convertido a Túnez en el principal punto de partida de migración hacia Europa.

El pasado 16 de julio, el equipo de Von der Leyen hizo oficial la firma de un acuerdo en materia de migración con el Gobierno de Kais Said, por el cual los países de la Unión proporcionarán medios económicos al Ejecutivo magrebí para luchar contra la migración ilegal. Diferentes ONG han denunciado el rumbo marcado por la UE con este tratado, ya que entienden que dejar en manos de una dictadura esta materia no garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Mientras la presidenta del órgano comunitario se reunía -junto con el primer ministro holandés Mark Rutte y la primera ministra italiana Georgia Meloni- con el presidente tunecino para cerrar el acuerdo, cientos de personas migrantes, entre ellos menores y mujeres embarazadas, continúan bloqueados en la frontera entre Túnez y Libia. A principios del mes de julio, las autoridades tunecinas expulsaron a 1.200 de personas a esta zona de amortiguamiento, sin acceso a agua o comida. Desde entonces, los afectados han levantado campamentos en Ras Jadir y Al Assah, en zonas próximas al mar, para resguardarse de temperaturas de más de 40 grados.

Una semana después, el Ministerio del Interior de Libia informó del rescate de cinco cuerpos sin vida de migrantes subsaharianos en la frontera con Túnez. Noticias como esta y precedentes como el de Libia -donde su guardia costera ha protagonizado casos de abusos o incluso ha colaborado con mafias de traficantes de seres humanos- alarman a organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional. Asimismo, denuncian que mientras Bruselas riega con millones de euros al Gobierno de Said, cientos de subsaharianos son desahuciados de sus casas y lanzados al desierto a su suerte.

Violación de derechos humanos en Túnez y Libia

"Las personas que llegan desde Túnez, tienen un miedo enorme a que las manden de vuelta a Túnez, porque en Túnez han vivido situaciones de violencia, que luego se atestiguan con heridas, es decir, la gente viene con heridas físicas más allá de las heridas mentales, causadas por las autoridades tunecinas", explica la coordinadora de MSF en España a Vozpópuli.

Testimonio apoyado por Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, que detalla como cientos de migrantes que parten de países como Túnez, Libia o Turquía "denuncian cómo han sido objeto de violencia, de violencia, por ejemplo, a través de agresiones, de desalojos sumarios, de detenciones arbitrarias, sobre todo personas de origen africano, en concreto subsahariano. También han sido detenidas, han sido recluidas arbitrariamente en centros de detención que solo se utilizan para casos de personas detenidas en relación con la migración".

De las Heras afirma que -al igual que en Libia- ya existen en Túnez centros de detención donde permanecen retenidos cientos de migrantes a la espera de partir hacia Europa. Testimonios recogidos por MSF y Amnistía Internacional, así como por otras ONG, que narran como migrantes procedentes, en su mayoría del África subshariana, llegan a estos países del Magreb entendidos por la UE como "estados-contenedores", donde son desahuciados de sus casas y hacinados en centros de detención. Aquellos que sobreviven a enfermendades como la tuberculosis, llegan a las cosas europeas con serios problemas psicológicos.

Los representantes de estas ONG denuncian que las instituciones son conocedores de estos episodios de violencia y que, aun así, siguen regando con millones de euros a sus verdugos. "La UE cómplice de estas violaciones de derechos humanos por parte de estos países", sentencia el portavoz de Amnistía Internacional.

105 millones de euros para luchar contra la migración ilegal

El texto firmado en Túnez -afeado por varios Estados miembros por saltarse la pauta de la aprobación previa de la letra pequeña del pacto- recoge el depósito de 105 millones de euros al Ejecutivo de Kais Said para luchar contra la migración ilegal, así como contra mafias que trafican con personas. El memorando programa, además, para el tercer trimestre de 2023 una revisión del acuerdo con el objetivo de incluir una partida de 900 millones para que el país magrebí lleve a cabo las reformas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), un préstamo para aliviar la grave crisis económica que atraviesa.

La lluvia monetaria que la UE apuesta para atajar la crisis migratoria en el Mediterráneo occidental, se contraponen las cifras de cientos de migrantes varados en centros de detención durante meses e incluso años. "Nuestros dirigentes se echan las manos a la cabeza y se muestran muy preocupados cada vez que ocurre una tragedia, como pasó hace poco en Grecia, en Pilos, donde ha habido casi 600 desaparecidos y casi 100 muertos", cuenta la coordinadora de MSF en España. "Con estos acuerdos con terceros países, la Unión Europea está eludiendo sus responsabilidades y está erosionando de una forma muy directa el sistema de asilo, porque ya no es que ofrezca una protección significativa a las personas que buscan seguridad, por lo menos que se pueda analizar su caso. Es que ni siquiera permite que esas personas lleguen a un lugar seguro", denuncia Raquel González.

Sobre la ayuda desplegada por el órgano presidido por Úrsula Von der Leyen al Gobierno tunecino, Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional mantiene que el acuerdo "es imprudente y que se ha firmado a pesar de las numerosas pruebas que tiene la Comisión de graves abusos a los derechos humanos en Túnez por parte de las autoridades tunecinas... ¿Esto qué es lo que sucede o qué es lo que conlleva? Que deja en riesgo de ser víctimas de abusos a los derechos humanos a las decenas, centenares o miles de personas que tratan de atravesar Túnez para llegar a Europa".

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