La Comisión Europea (CE) dio este miércoles un nuevo ultimátum a Polonia por no respetar la independencia del poder judicial, después de recibir una nueva respuesta de Varsovia que Bruselas considera no convincente.
El colegio de comisarios europeos decidió enviar un dictámen motivado adicional, segundo paso del procedimiento de infracción, en relación con el funcionamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, indicó en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea Dubravka Suica.
El pasado 3 de diciembre la CE envió ya una carta de emplazamiento adicional a Polonia, para añadir una nueva reclamación al procedimiento iniciado en abril de 2020.
La respuesta de Polonia a esa carta "no responde a las preocupaciones de la Comisión y por este motivo se ha decidido hoy "dar el siguiente paso", según un comunicado.
Polonia "viola la legislación de la UE"
Bruselas considera que Polonia "viola la legislación de la UE al permitir que la sala de disciplina del Tribunal Supremo, cuya independencia e imparcialidad no está garantizada, tome decisiones que repercutan directamente en los jueces y en la forma en que ejercen su función".
Estos asuntos incluyen casos de levantamiento de la inmunidad de los jueces con el fin de iniciar un proceso penal en su contra, y la consecuente suspensión temporal del cargo y la reducción de su salario.
Además, esa sala está resolviendo asuntos relacionados con el derecho laboral, la seguridad social y la jubilación de los jueces de la Corte Suprema.
Al otorgar esos poderes a la sala disciplinaria, "la legislación polaca pone en peligro la capacidad de los tribunales respectivos de proporcionar un recurso efectivo", como exige el Tratado de la UE.
La mera perspectiva de los jueces de tener que enfrentarse a un proceso ante un órgano cuya independencia no está garantizada crea un "efecto paralizador" para los jueces y puede afectar a su propia independencia, advierte Bruselas.
Polonia tiene ahora un mes para responder a este dictamen motivado adicional y tomar las medidas necesarias para cumplir con la legislación de la UE.
En caso contrario, la Comisión podría llevar el caso al Tribunal de Justicia.
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