El 'caso Riggs', referido a las cuentas secretas que Augusto Pinochet tenía fuera de Chile, ha sido cerrado sin procesar a ningún miembro de la familia del dictador aunque sí de seis militares. Pinochet acumuló 19 millones de dólares sin justificación contable en Estados Unidos.
El juez chileno Manuel Antonio Valderrama notificó el pasado 1 de agosto esta decisión, que puede ser recurrida en lo spróximos 15 días por los abogados de la defensa y por el Consejo de Defensa de Estado. "Es satisfactorio saber que finalmente la justicia determina que no se cometió ningún acto ilícito", ha declarado a una cadena de rdaio chilena Rodrigo García Pinochet, nieto del general, que considera el caso "una venganza política por la figura y obra" del dictador.
La investigación fue abierta en 2004 por el juez Sergio Muñoz después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas secretas en el Riggs Bank estadounidense y en otras entidades financieras. A su muerte en 2006, Pinochet estaba procesado en el 'caso Riggs' por fraude fiscal y falsificación de pasaportes y también estaba desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos. Esa medida benefició, entre otros, a la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart; a cuatro de sus hijos; a su antiguo albacea, Óscar Aitken y al contable José Sobarzo.
En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Antonio Valderrama. En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a 21 millones de dólares, de los que sólo dos millones tienen una justificación contable.
Sólo se mantienen los procesamientos por malversación de tres militares retirados: los generales Ramón Castro, Jorge Ballerino y Sergio Moreno Saravia, y de los coroneles Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean, que podrían ser condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión.
