Internacional

Cuatro ciudadanos españoles, entre los 110 indultados en Venezuela

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e información del país sudamericano, ha asegurado que esta decisión se ha realizado "en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz"

Al menos cuatro ciudadanos con nacionalidad española se encuentran en la lista de los 110 presos opositores amnistiados por el Gobierno de Venezuela, confirmaron este lunes a Efe fuentes diplomáticas. Estas personas son Antonia Turbay, Demóstenes Quijada, Sergio Termini y Yorfran Quintero, todos ellos con distintas acusaciones.

El caso más reconocido es el de Quijada, asesor del líder opositor Juan Guaidó al que casi 60 países reconocen como presidente interino, entre ellos España.

Fue detenido el pasado 2 de abril en Caracas junto a Maury Carrero, también asesor de Guaidó, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y su caso, según el Parlamento, está "repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente".

En el caso de Turbay, abogada con ambas nacionalidades y madre de 2 hijos, fue arrestada el 27 de junio de 2019 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en su casa de Caracas y está acusada de ayudar a fugarse a su vecino, el excomisiario de Policía Iván Simonovis.

Su orden para ser liberada fue aprobada en julio de 2019, sin embargo no se había hecho efectiva la orden.

Termini fue arrestado también por el DGCIM el 30 de marzo de 2020 cuando se encontraba en su residencia en Santa Rosa de Lima de Caracas, según denunció entonces la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Quintero estuvo "desaparecido" tras su detención "hasta que el Ministro del Interior lo acusó de actos conspirativos", según denunció la ONG Foro Penal, que explicó que "siendo civil, lo llevaron a un tribunal militar y ha sido torturado".

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el indulto mediante decreto presidencial de 110 personas entre diputados opositores presos o exiliados, así como a otros cuya inmunidad había sido allanada, y a periodistas y actores sociales detenidos o acusados de diversos delitos.

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