El llamado Acuerdo marco de Windsor anunciado este lunes por el Gobierno del Reino Unido y la Unión Europea (UE), que reforma el Protocolo para Irlanda del Norte, aborda los principales problemas que este instrumento del Brexit ha creado en la provincia británica.
Estas son las principales áreas que reforma el nuevo pacto, que presta especial atención a la gobernanza, la soberanía y el comercio en la región.
Libre circulación de bienes
Desde la entrada en vigor del Brexit, el protocolo ha mantenido a Irlanda del Norte dentro del mercado interior comunitario y británico, por lo que los controles al comercio entre el Reino Unido y la UE se han efectuado en los puntos de entrada norirlandeses, lo que evita levantar una frontera física entre las dos Irlandas y no perjudicar el acuerdo de paz de Viernes Santo (1998).
Esa frontera comercial, situada en el mar de Irlanda, ha creado también problemas políticos entre los unionistas probritánicos, pues consideran que afecta a su relación con el resto del Reino Unido, y éstos han boicoteado desde hace un año la formación de un Gobierno de poder compartido con los nacionalistas.
El acuerdo negociado establece ahora un sistema de carriles verdes y rojos entre Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra) y la provincia.
Por los carriles verdes -monitorizados electrónicamente por la CE-, irán las mercancías destinadas a Irlanda del Norte sin controles de rutina, mientras que por los rojos lo harán las que sean exportadas a la República de Irlanda para entrar en el mercado comunitario, por lo que se someterían a trámites aduaneros en puertos norirlandeses.
Posición de Irlanda del Norte en el Reino Unido
El segundo elemento del acuerdo aborda la aplicación de ciertas leyes comunitarias y, en consecuencia, la situación de que algunas leyes británicas no puedan aplicarse en la región, lo que, según los unionistas, pone en peligro su relación constitucional con el Reino Unido.
Esto ha provocado, por ejemplo, que Irlanda del Norte y Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) impongan diferentes impuestos, como el IVA, a productos como el alcohol o materiales de energías renovables, dado que la provincia se rige por las normas del mercado interior comunitario, con lo que tampoco tenía acceso a ayudas estatales de Londres, vetadas por Bruselas para evitar una competencia desleal.
Con el nuevo pacto, el Gobierno británico podrá efectuar "cambios clave en el IVA", según ha explicado el primer ministro, Rishi Sunak, quien avanzó que ahora podrá, por ejemplo, modificar las imposiciones fiscales a ciertos productos con el mismo efecto en todas las regiones británicas.
Déficit democrático en Irlanda del Norte
Ha sido uno de los asuntos más delicados de estas negociaciones por el rechazo firme del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) -segunda fuerza norirlandesa- al papel que desempeñaría en la provincia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El anterior acuerdo, aceptado por el exprimer ministro Boris Johnson, disponía que Irlanda del Norte se regía por las leyes comunitarias respecto al mercado único y que cualquier disputa se dirimiría en los tribunales europeos, lo que también se topó con la oposición del ala dura del Partido Conservador.
Esto también ha sido una "línea roja" para Bruselas, que entendía que el acceso de Irlanda del Norte al mercado único le ataba a la legislación comunitaria y a sus órganos de arbitraje.
La solución de compromiso ha sido la aplicación de un sistema similar al que tiene, por ejemplo, Noruega, que está fuera del bloque pero tiene acceso al mercado interior.
De esta manera, Bruselas deberá avisar con tiempo a Londres sobre nuevas reglas o directivas que afecten a Irlanda del Norte, de manera que el sistema británico tendrá la opción de estudiarlas y apelar.
Las partes han decidido que, antes de llegar al TJUE, cualquier contencioso podrá ser examinado en primera instancia por los tribunales de Irlanda del Norte, que podrán después decidir si lo eleva o no a Luxemburgo, que siempre tendrá la última palabra.
El Acuerdo marco de Windsor también introduce el llamado "freno de Stormont", un nuevo instrumento que permitirá a la Asamblea norirlandesa bloquear la aplicación de nuevas leyes comunitarias en la provincia.
Esta "salvaguarda" permitirá a los políticos locales no solamente opinar acerca de las normas del mercado único comunitario, sino también bloquear su aplicación en la provincia británica.
Si este "freno" de Stormont se activa, el Gobierno británico podrá vetar la aplicación de esas nuevas leyes, en Irlanda del Norte.
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