Los ministros de Interior de los países miembro de la Unión Europea (UE) no han conseguido acercar posturas este martes en Luxemburgo sobre la reforma del sistema europeo de asilo y, en concreto, sobre el conocido como Reglamento de Dublín, que establece qué país y en qué condiciones debe hacerse cargo de las peticiones de asilo de los migrantes que llegan a territorio comunitario.
Aunque no se esperaba que los Veintiocho adoptaran una decisión final sobre esta reforma en esta reunión ministerial, tampoco ha sido posible acercar posturas de cara a la próxima cumbre europea de junio -para la cual sí se habían propuesto alcanzar un acuerdo- debido a las objeciones de numerosos países a la última propuesta de Bulgaria, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El portavoz del Gobierno alemán para asuntos de Interior, Stephan Mayer, ha afirmado a su llegada a la reunión que el problema no es solo la oposición de los países del Este a aceptar cualquier reparto obligatorio de refugiados sino que "incluso el gobierno alemán critica puntos específicos de la actual negociación" y, de hecho, considera "inaceptable" el compromiso presentado por la presidencia búlgara de la UE.
El secretario de Estado belga para la Migración, el nacionalista flamenco Theo Francken, ha sido el más duro en sus declaraciones tras el fin de la reunión: "La reforma del Reglamento de Dublín está muerta", ha dicho, tras quedar claro que el nuevo Gobierno italiano rechaza "categóricamente" el actual enfoque, y además ha apuntado a un cambio de paradigma con la llegada de Austria a la presidencia rotatoria, el próximo julio.
Para el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, el debate ha sido "franco y abierto" pero ha reconocido que hace falta "asumir responsabilidades" para "sacar adelante" el trabajo de los últimos meses de manera que los líderes de la UE puedan alcanzar un acuerdo en la próxima cumbre de los días 28 y 29 de junio.
"Queremos llegar a un acuerdo en junio y todo el mundo está de acuerdo en que no podemos seguir permitiendo que impere el 'statu quo'" actual, ha dicho Avramopoulos, quien ha reiterado que el principal objetivo de la reforma es el de sentar las bases para que la UE esté mejor preparada en caso de una crisis de refugiados como la vivida entre 2015 y 2016.
Una propuesta que causa divisiones
Las cuotas de reparto de refugiados, que se introdujo de manera excepcional en 2015 para hacer frente al aumento repentino en la llegada de migrantes a territorio europeo, dividió profundamente al bloque comunitario, con países como Polonia o Hungría contrarios a aceptar cualquier tipo de "imposición obligatoria".
La presidencia búlgara ha intentado elaborar una propuesta que pueda ser aceptable para las distintas posturas, y establece que las cuotas solo serían obligatorias en casos de emergencias y si las medidas de apoyo financiero y técnico a los países situados en las fronteras exteriores -principalmente Grecia e Italia, también España- que reciben la gran mayoría de las llegadas, no son suficientes.
No obstante, la propuesta también endurece las obligaciones a las que deben hacer frente los países de la 'primera línea' para el registro de los migrantes. Así, éstos serían los responsables de tratar las eventuales solicitudes de asilo durante ocho años, frente a la responsabilidad limitada de entre 18 y 24 meses que establece la legislación actual, algo que no gusta a los países del sur, entre ellos España.
Roma y Atenas, así como la Eurocámara, exigen que la acogida sea compartida entre todos los países de manera permanente y no sólo en períodos de crisis, mientras que París y Berlín defienden una postura parecida a la de la Comisión Europea, y creen que la principal responsabilidad del asilo deben asumirla los países a los que lleguen los migrantes en primer lugar, salvo en periodos de crisis cuando deben establecerse "reubicaciones obligatorias".
El responsable austriaco de Migración, del partido de ultraderecha FPÖ, ha dicho que su país, que asumirá la presidencia del Consejo de la UE en julio, adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de las fronteras exteriores si no se alcanza un consenso en la cumbre de junio respecto a la reforma del sistema común de asilo.
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