Agentes de la Fiscalía General (FGR) de México han detenido al exprocurador, Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Este arresto se ha producido solamente un día después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentase las conclusiones preliminares de la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, que indica que la operación podría catalogarse como crimen de Estado.
La FGR ha llevado a cabo la detención por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, posteriormente será puesto a disposición de la orden de captura señalada, ha informado el periódico Milenio.
Murillo Karam fue el fiscal general de México entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Estuvo al mando de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. El 28 de enero de 2015, Murillo Karam aseguró que la "verdad histórica" consistía en que los jóvenes fueron asesinados, "incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan", por orden de antiguas autoridades locales que hacían parte de este grupo criminal.
La Fiscalía también ha informado de 83 órdenes de arresto contra policías y militares, así como contra miembros del grupo armado Guerreros Unidos, por su presunta responsabilidad en este caso, "por delincuencias organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia", según consta en un comunicado.
El Gobierno mexicano ha reconocido que "no hay indicio alguno" de que sigan con vida los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala (Guerrero), en una operación que, según un nuevo informe, puede catalogarse de crimen de Estado.
El ataque contra los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas. Las pistas apuntan a la organización Guerreros Unidos, pero también a la intervención de las fuerzas de seguridad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó el viernes que el caso "no está cerrado" y abogó por hacer Justicia para que no se vuelvan a repetir este tipo de abusos.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación