Siete antiguos brigadistas rojos italianos, condenados en su país por terrorismo, fueron detenidos este miércoles en Francia y otros tres son buscados, informó el Elíseo. Su detención se produjo como consecuencia de un mandato de arresto emitido por Italia.
La Fiscalía General de París detalló en un comunicado que los siete detenidos son Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella y Sergio Tornaghi, pertenecientes a las Brigadas Rojas; y Giorgio Pietrostefani y Narciso Manenti, de los Núcleos Armados.
La lista completa de la petición italiana implicaba a 200 personas y los tres que faltan están "en fuga", según dijo hoy también el ministro francés de Justicia, Éric Dupond-Moretti. La Presidencia gala detalló que "la comunicación a la fiscalía de esas diez peticiones del Gobierno italiano ha sido objeto de un importante trabajo preparatorio bilateral que ha llevado a retener los crímenes más graves".
Las autoridades francesas apuntaron que esas diez peticiones se ajustan a la llamada doctrina Mitterrand porque los implicados tienen en su haber crímenes de sangre. Esa doctrina fue instaurada en Francia en la década de los años 80 por el entonces presidente francés, François Mitterrand, y establecía que los antiguos activistas italianos de extrema izquierda podían vivir en el país si renunciaban a acciones violentas y no tenían en sus antecedentes delitos de sangre.
"Francia, afectada también por el terrorismo, entiende la absoluta necesidad de justicia de las víctimas", detalló el Elíseo, que subrayó que la Justicia francesa decidirá ahora de forma individual sobre su respectiva extradición.
Decisión de la Justicia
Los detenidos serán presentados ante la Fiscalía general del Tribunal de Apelación en las próximas 48 horas, antes de que un juez se pronuncie sobre si los mantiene detenidos o los deja en libertad bajo control judicial mientras se examina la petición de extradición.
Si los arrestados llegan a aceptar su vuelta a Italia, algo que el Elíseo no privilegia, serán presentados en cinco días al juez de instrucción, que dará su consentimiento en los siete días siguientes. Pero si se niegan, el proceso podría demorarse más de dos años, debido a las distintas posibilidades de recurso ante el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa francesa.
La petición italiana data de largo plazo y ya estaba sobre la mesa cuando Emmanuel Macron accedió a la presidencia en 2017. Tras el largo tiempo dedicado a su análisis, el arresto coincide en un momento de plena confianza bilateral entre Francia e Italia, según el Elíseo.
Desde París se recalcó no obstante que las autoridades francesas no han dado ninguna instrucción a la Justicia del país sobre esas personas, de las que subrayaron que nunca llegaron a tener el estatuto de refugiado. "Espero que permita a Italia pasar una página de su historia manchada de sangre y lágrimas", dijo Dupond-Moretti en referencia al periodo conocido como los "Años de plomo", que se extendió de 1969 a 1985.
