La Policía de Londres ha asegurado este jueves que el material incautado a David Miranda, pareja del periodista que publicó informaciones sobre el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden, es "altamente sensible" y que "podría poner vidas en peligro" si fuera divulgado.
El abogado de la policía londinense, Jonathan Laidlaw, ha asegurado que la difusión del material digital que poseía Miranda podría ser perjudicial para la seguridad pública, por lo que se ha iniciado una investigación penal.
Las autoridades británicas detuvieron a David Miranda, pareja del periodista de The Guardian Glenn Greenwald, durante nueve horas en el aeropuerto de Heatrow, cuando viajaba hacia Brasil. En ese intervalo de tiempo, fue interrogado y se le requisaron un ordenador portátil, un teléfono móvil, una cámara fotográfica, una consola y varias tarjetas de memoria y DVD.
La Policía le detuvo al amparo del artículo siete de la Ley Antiterrorismo de 2000, que permite a los funcionarios que trabajan en controles de inmigración en las fronteras retener e interrogar a cualquier individuo por un máximo de nueve horas. Transcurrido este tiempo, el individuo debe ser arrestado formalmente o puesto en libertad.
Los abogados de Miranda piden al Supremo que cese el uso del material
Los abogados del brasileño han pedido al Tribunal Supremo de Londres que impida al Gobierno británico y a la policía "inspeccionar, copiar o compartir" el material confiscado a su cliente.
En una audiencia celebrada este jueves, la firma londinense de abogados Bindam Partners ha señalado que han optado por la vía legal al no haber obtenido "garantías" del Ministerio de Interior y de la Policía Metropolitana de Londres para "proteger la confidencialidad de material periodístico sensible".
"Esas garantías no se han acordado y por eso estamos ahora aquí", ha dicho el abogado Matthew Ryder ante los magistrados Jack Beatson y Kenneth Perker. Según los letrados, se trataría de "decenas de miles de documentos altamente clasificados" mientras el Gobierno alegó que su naturaleza no es periodística y que su divulgación puede dañar la seguridad nacional.
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