Egipto ha despedido este jueves a los cientos de muertos que ha dejado la carga militar utilizada el miércoles para desalojar a los seguidores del depuesto presidente Mursi de las plazas. Tras el desconcierto inicial, en el que el Ministerio de Sanidad confirmaba muertos con contagotas y los Hermanos Musulmanes hablaban de más de 200, las cifras hablan ya de 638 muertos y 4.200 heridos por el momento, aunque los islamistas hablan de un número mucho mayor.
Mientras muchos lloraban la pérdida de los suyos, siguen los incidentes que las autoridades han prometido combatir con mano dura.
Entre lágrimas y rezos, miles de seguidores de Mursi se congregaron en la mezquita de Al Imán, en el este de El Cairo, para despedir a sus fallecidos. Decenas de cadáveres envueltos en sábanas blancas estaban hacinados en ese y otros templos del país, según confirmaron a Efe fuentes de los Hermanos Musulmanes, grupo en el que militaba Mursi hasta acceder a la Presidencia en junio de 2012.
En la cairota plaza de Rabea al Adauiya, el principal bastión islamista donde estaban las tiendas de campaña arrasadas, la mezquita también fue objeto de las llamas y presentaba un aspecto desolador entre los escombros que las excavadoras se afanaban por retirar.
En paralelo, se ofició el funeral oficial por los 43 policías muertos ayer en los disturbios, en una ceremonia a la que acudió, entre otros, el ministro egipcio de Interior, Mohamed Ibrahim.
La situación está lejos de tranquilizarse, después de que este jueves se sucedieran nuevos actos violentos en distintas partes del país, a pesar del estado de emergencia durante un mes y el toque de queda por la noche decretados por las autoridades.
Cuatro personas fallecieron en choques entre partidarios y opositores de Mursi en la ciudad mediterránea de Alejandría, mientras que hubo once policías muertos en ataques armados en la localidad de Al Arish, en la inestable península del Sinaí (este). Decenas de personas resultaron heridos por perdigones en enfrentamientos similares en la localidad de Kafr al Dauar, en la provincia de Beheira (delta del río Nilo), entre otros sucesos. En la capital, tres agentes murieron en un ataque contra una comisaría en el barrio de Heluan, en el sur, y la sede de la Gobernación de Guiza -cerca de las Pirámides- fue incendiada.
Ante esta situación, que ha suscitado la preocupación de la comunidad internacional, el Ministerio de Interior dio instrucciones a sus fuerzas para que usen munición real frente a cualquier ataque contra las instituciones del Estado. El ministerio dijo haber tomado esa decisión "por los ataques terroristas de los Hermanos Musulmanes contra instituciones y la policía, sus intentos de apoderarse de armas y el corte de caminos para sembrar el caos".
Por su parte, el Consejo de Ministros destacó que las medidas de excepción impuestas se aplicarán según evolucione la situación de seguridad. Así, en la ciudad turística de Sharm el Sheij, en la costa del mar Rojo, las autoridades egipcias levantaron el toque de queda impuesto ayer en 14 de las 27 provincias del país.
Quieren cumplir el plan de transición
El Ejecutivo reiteró que está decidido a cumplir el plan de transición trazado después del golpe militar del pasado 3 de julio y que estipula la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, y la reforma constitucional. Entre tanto, el presidente interino, Adli Mansur, aceptó la dimisión del vicepresidente de Relaciones Exteriores, Mohamed el Baradei, que presentó su renuncia en protesta por el derramamiento de sangre.
El primer ministro, Hazem al Beblaui, condenó los últimos ataques contra varias iglesias y telefoneó al patriarca de la iglesia ortodoxa copta, Teodoro II, para mostrarle su solidaridad. Precisamente ayer, la televisión estatal informó de que supuestos miembros de los Hermanos Musulmanes irrumpieron en una iglesia en Fayum, al sur de El Cairo, y le prendieron fuego.
Ante la ola de violencia desatada, el grupo "Tamarrud" (Rebelión), instigador de las protestas previas al golpe de estado, solicitó a los egipcios formar comités populares para proteger las calles y los templos religiosos de disturbios.
En el plano judicial, un juez interrogó a Mursi en el lugar desconocido en que el se encuentra retenido desde su derrocamiento, y ordenó renovar por otros quince días la prisión preventiva que pesa sobre él y el dirigente de los Hermanos Saad Katatni. El mandatario depuesto está acusado de colaborar con el movimiento islamista palestino Hamás para perpetrar "acciones enemigas contra el país" y del asesinato y secuestro de policías y reos durante el asalto a una cárcel.
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