Un tribunal de emergencia egipcio condenó este domingo a cuatro defensores de los derechos humanos de una organización local a entre 5 y 15 años de prisión por cargos relacionados con el "terrorismo", en una de las últimas medidas represivas del país árabe contra activistas, informaron ONG y fuentes judiciales
El Tribunal de Seguridad del Estado sentenció a los abogados Ezzat Ghoneim y Mohamed Abu Horaira a 15 años de prisión; a Aisha al Shatir a 10 años y a la abogada Hoda Abdelmoneim a 5 años, según la ONG Coordinación Egipcia de Derechos y libertades (ECRF, por sus siglas en inglés), de la que los condenados eran miembros.
Asimismo, el tribunal ordenó que los condenados sigan bajo la vigilancia policial por 5 años una vez que hayan cumplido su condena, además de incluir sus nombres en la "lista de terrorismo". La sentencia también incluye "el cierre de la página de coordinación en Internet y la prohibición de la comunicación" de la ONG.
Los miembros de ECRF se han enfrentado a una serie de "cargos falsos formulados por la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado" como "adhesión, dirección, financiación y apoyo a los Hermanos Musulmanes", según la ONG.
La Fiscalía también imputó con cargos de terrorismo a personas que documentaron y denunciaron violaciones de derechos humanos en plataformas de redes sociales, entre ellas Ezzat Ghoneim, defensor de los derechos humanos y director ejecutivo del ECRF; Hoda Abdelmoneim, abogada y exmiembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos, afiliado al Estado, y el abogado Mohamed Abu Horaira y su esposa Aisha al Shatir.
ECRF suspendió sus actividades en Egipto en 2018 en respuesta a "las medidas represivas" y "violaciones de derechos incomparables" en alusión a una amplia campaña de arrestos que el país llevó a cabo en esa época. Además de los activistas, hay 27 condenados más en este caso, aunque no se conocen los detalles de su suerte hasta el momento.
Estos tribunales de emergencia se crearon en virtud de la Ley de Emergencia de Egipto de 1958, que permite a estos tribunales seguir supervisando los juicios remitidos anteriormente incluso después de que se haya levantado el estado de emergencia.
Después de que Egipto levantara el estado de Emergencia en 2021, ya no pueden remitirse nuevos casos a estos tribunales. Los veredictos de los tribunales de excepción no pueden recurrirse ante un tribunal superior, sino que requieren la aprobación final del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, o de alguien designado por él.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales critican que, desde la llegada al poder del general Al Sisi en 2014, decenas de miles de personas, incluidos activistas, periodistas, abogados, artistas o tuiteros, han sido encarcelados por diferentes motivos.
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