La crisis de la ciudad filipina de Marawi, donde los combates entre soldados y rebeldes suman más de 40 muertos en cuatro días, alcanzó hoy una nueva dimensión al revelarse la participación de yihadistas extranjeros adoctrinados por el Estado Islámico (EI).
De los 31 rebeldes abatidos por soldados desde el martes en esta ciudad de la isla de Mindanao se ha identificado a 12, y de estos últimos la mitad eran ciudadanos de Indonesia y Malasia, indicó en una rueda de prensa el fiscal general de Filipinas, José Calida.
Esto convierte a la mayor insurrección de los últimos años en el país -considerada hasta ahora un episodio local- en "una invasión de terroristas extranjeros que han escuchado el llamado del EI a ir a Filipinas si encuentran dificultades para dirigirse a Irak o Siria", según palabras de Calida.
Además, las Fuerzas Armadas creen que los combatientes de Marawi, pertenecientes al Grupo Maute, protegen al yihadista más buscado del país, Isnilon Hapilon, nombrado emir del EI en Filipinas y por cuya cabeza el Gobierno de EEUU ofrece 5 millones de dólares (4,45 millones de euros).
Aunque el Ejército se niega a confirmar la presencia del EI en Filipinas, lo cierto es que este grupo ya ha expresado en varias ocasiones su intención de proclamar un califato en el sur del país, y de hecho reivindicó -aunque sin ofrecer pruebas- el ataque iniciado el martes por el Grupo Maute.
Toda la isla de Mindanao, donde viven 22 millones de personas y los musulmanes son una minoría, permanece bajo la ley marcial desde que el presidente Rodrigo Duterte diera la orden tras estallar la violencia en Marawi. En esta ciudad de apenas 200.000 habitantes continuaron hoy los combates entre los soldados y las últimas decenas -según el Ejército- de yihadistas después de tres días en los que han fallecido 2 policías y 11 soldados.
"Seguimos intentando despejar la ciudad lo antes posible", declaró a Efe el portavoz de las Fuerzas Armadas, Restituto Padilla, mientras el ministro de Defensa, Delfín Lorenzana, pronosticó que podría llevar una semana alcanzar tal objetivo.
Aunque ayer las bombas sonaban en el resto de la ciudad, "hoy la gente que queda ha empezado a salir a la calle porque los combates se han trasladado a zonas periféricas", declaró a Efe Ana Zenaida Unte, funcionaria del servicio de educación de Marawi, a través de su teléfono móvil.
Aún así, indicó, siguen cortadas por cuarto día consecutivo la electricidad, las líneas telefónicas terrestres y el agua corriente, y la mayoría de los habitantes se han refugiado en poblaciones cercanas desde que el martes irrumpieran en las calles los terroristas de Maute.
Estos desfilaron encapuchados y, a bordo de vehículos portando banderas negras del EI, asaltaron instalaciones municipales, prendieron fuego a la comisaría, un colegio, una cárcel y una iglesia, y en esta última secuestraron a un cura y a 13 feligreses que aún mantienen en su poder.
Mientras, en Manila el Congreso recibió el informe oficial de Duterte sobre la ley marcial en Mindanao, en el que se argumenta que los yihadistas tratan de hacerse con toda la isla. La declaración de la ley marcial ha generado rechazo en ciertos sectores de la sociedad filipina, que consideran que no está justificada o que debería aplicarse exclusivamente a las regiones conflictivas del oeste de la isla.
Decenas de manifestantes salieron hoy a protestar en las calles de Manila y muchos más lo hicieron en las redes sociales, al considerar que Duterte podría usar la ley marcial para cometer abusos contra los derechos humanos al igual que hizo el dictador Ferdinand Marcos en la década de los 70 y 80.
El conflicto separatista islámico en Mindanao, donde Maute y Abu Sayyaf son los grupos yihadistas más activos a día de hoy, es un viejo problema arrastrado durante las últimas cuatro décadas, en las que ha dejado entre 100.000 y 150.000 muertos.
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