La visión sobre la inmigración ilegal ha dado un giro radical en Bruselas. Los líderes europeos han pasado en menos de un lustro de ser tolerantes y tratar como un problema menor la llegada irregular masiva de personas a nuestro continente a proponer medidas contundentes para frenar su acceso. De demonizar a Giorgia Meloni por proponer unas fronteras más duras, a ser imitada por otros líderes europeos. Para ejemplo, Emmanuel Macron: de atizar a la primera ministra italiana por sus políticas migratorias a exhibir bastante sintonía con ella.
Hasta la fecha, el gran plan europeo consiste en frenar la inmigración ilegal en la frontera norte de los países catalogados de forma despectiva como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), ya que el texto propone que aquellas personas que accediesen de forma irregular a la Unión Europea tan solo pudiesen pedir asilo en el país de llegada en lugar de poder trasladarse a otra nación que les interese más -muchos utilizan a España para llegar hasta Francia, algo que quieren evitar-.
El punto de inflexión fue la visita de Ursula von der Leyen a Lampedusa (Italia) tras la crisis migratoria que sufrió la isla este verano. Meloni acompañó a la presidenta de la Comisión Europea para mostrarle la saturación que estaba sufriendo su país por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Fue ahí cuando dijo que Europa decidirá "quién viene a la Unión Europea y bajo qué circunstancias, no los contrabandistas".
Estas palabras no son novedosas, ya que Europa busca desde 2015 un acuerdo para afrontar los problemas de inmigración en el continente, pero este no llega mientras las costas italianas no dejan de recibir irregulares. Pero que Olaf Scholz, que pertenece al partido socialdemócrata alemán -el equivalente al PSOE español-, anunciase en Der Spiegel que el país se prepara para realizar deportaciones masivas, es una muestra de que Europa está cambiando. "La cifra es excesiva", dijo en la entrevista, para después añadir que "hay que apostar por las deportaciones masivas" para solucionar "una situación de inseguridad en Alemania".
Mientras el líder alemán ya prepara una ley para deportar inmigrantes de una forma más eficaz -tan solo deportado a 12.000 inmigrantes de los 280.000 que han recibido una orden de expulsión-, el Gobierno de España guarda silencio. Tan solo el ministro José Luis Escrivá visitó El Hierro, al borde del colapso, para decir que las cosas se están haciendo bien gracias al "Plan Canarias". Lo que omitió es que España tiene un problema similar al de Alemania: en 2022, de las 42.614 órdenes de devolución que se firmaron, tan solo se ejecutaron 1.417, es decir, el 3,32% del total.
Este problema es común en los países europeos, de ahí que Italia se haya puesto manos a la obra para evitarlo: además del cambio de normativa, Meloni quiere vigilar a aquellos adultos que mienten sobre su edad para acceder al país como menores de edad. La Policía tendrá ahora más poder para constatar cuántos años tienen los inmigrantes. Además, desde su gobierno están empujando para intentar que Von der Leyen cumpla con las promesas que realizó durante su visita a Lampedusa.
En esta misma línea se mueve ahora Suecia. El nuevo gobierno del país, con el conservador Ulf Kristersson al frente, señaló en una entrevista reciente que "la inmigración masiva y la mala integración simplemente no funcionan", de ahí que el país se haya convertido en uno de los más estrictos de la UE con la inmigración.
Fuera de la UE, pero cerca de nuestro entorno, tenemos otro claro ejemplo: Rishi Sunak y su Gran Bretaña. El país ha puesto una cadena con candado a sus fronteras, impidiendo la llegada de pateras. El nuevo primer ministro incluso ha fletado un barco, el 'Bibby Stockholm', para evitar que los inmigrantes irregulares pisen suelo británico y al mismo tiempo poder hospedarles hasta que resuelvan su situación. Una medida muy polémica, pero que en las últimas semanas ya no recibe tantas críticas.
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