La ONG Foro Penal ha informado este sábado de que ha contabilizad 1.503 arrestos "verificados e identificados", desde el 29 de julio, día siguiente a las elecciones presidenciales de Venezuela en las que la oposición denuncia un supuesto fraude por el que ha sido proclamado presidente electo Nicolás Maduro. La cifra total suma 87 nuevos encarcelamientos respecto al balance anterior, según los datos publicados en X por el Foro Penal.
Entre los detenidos hay además 129 adolescentes -de entre 14 y 17 años-, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres según la clasificación del organismo, que destaca que el balance incluye las detenciones registradas en el marco de la "represión de protestas en contexto postelectoral" desde el 29 de julio hasta las 10.00 horas del 10 de agosto. La ONG contabilizó que solo 90 personas han sido liberadas -32 más que el reporte anterior de este sábado- del total de los 1.503 detenidos, sin especificar más detalles sobre los excarcelados.
Por regiones, la del Distrito Capital es la que más acumula, con 241; seguida de Carabobo, con 194, y Anzoátegui, con 113 arrestos. Por detrás se sitúan Aragua (107), Miranda (88), Barinas (72), Lara (76) y Nueva Esparta y Zulia (67). "Seguimos recibiendo, verificando y procesando denuncias", ha apuntado el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en su cuenta en la red social X.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado la victoria de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por la candidatura de González.
Una vez conocidos los primeros resultados el lunes, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria -que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos- y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional. El propio Maduro ha confirmado 2.000 detenidos.
Según el Ejecutivo venezolano, más de 2.400 personas resultaron detenidas durante las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, en las que, según la Fiscalía, se registraron 25 muertes.
Por su parte, varios familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que a los encarcelados se les acusa, entre otros delitos, de "terrorismo" y no se les permite una defensa con abogados privados.
Tanto el Gobierno como la Fiscalía acusa a la oposición de provocar "actos terroristas" que, denunciaron, causaron daños materiales en lugares públicos, sedes de partidos políticos, escuelas, hospitales y otros sitios.