La Justicia francesa ha iniciado este miércoles el juicio contra el ex primer ministro y excandidato conservador a las presidenciales de 2017 François Fillon, que hasta que saltó la polémica por la presunta malversación de fondos en favor de su esposa era el favorito a alcanzar el Palacio del Elíseo.
La audiencia comenzó este miércoles después de que el lunes -día previsto inicialmente para su apertura- el Tribunal Correccional de París aceptara la petición de la defensa de aplazar la primera sesión en solidaridad con la huelga de abogados por el proyecto gubernamental de reforma de las pensiones.
En primera fila, el político conservador, su mujer, Penelope, y Marc Joulaud, el diputado al que Fillon cedió su escaño cuando se convirtió en ministro y que, al igual que él, contrató a la esposa de Fillon como asistente parlamentaria en un trabajo que presuntamente ésta nunca desempeñó. Con gesto serio, en una sala llena de prensa y abierta también al público, los acusados cedieron la palabra a sus abogados.
En el punto de mira está el trabajo de Penelope. Según la investigación, no hay rastro ni testimonio objetivo ni concordante de que ella ejerciera una actividad real como ayudante de Fillon entre 1998 y 2002 y entre 2012 y 2013, ni a las órdenes de Joulaud de 2002 a 2007.
A la mujer se le reprocha también otro supuesto empleo ficticio entre 2012 y 2013 en la revista literaria "La Revue des Deux Mondes", una publicación propiedad de Marc Ladreit de Lacharrière, empresario cercano al entonces líder de la derecha, y por el que se embolsó 135.000 euros.
Tanto Fillon, de 65 años, como su esposa, de 64, están imputados principalmente por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales, mientras que a Joulaud (52) se le presenta el cargo de malversación de fondos públicos.
Penas de hasta diez años de cárcel
La Asamblea Nacional, personada como acusación particular, les reclama algo más de un millón de euros, mientras que los cargos a los que se enfrentan pueden acarrearles penas de hasta 10 años de cárcel, inhabilitación y unos 150.000 euros de multa.
Esta primera sesión, de carácter procedimental, estuvo centrada en la presentación por parte de la defensa de sendas cuestiones prioritarias de constitucionalidad sobre prescripción de los delitos y separación de poderes. Si los magistrados aceptan tramitarlas, el juicio podría ser aplazado. En caso contrario, continuará, tal y como está previsto, hasta el 11 de marzo.
El escándalo bautizado como "Penelopegate" explotó en enero de 2017, en un momento en que el candidato del partido Los Republicanos encabezaba las encuestas como favorito para los comicios presidenciales de mayo de ese año. El semanario satírico "Le Canard Enchaîné" reveló entonces que Penelope y dos de sus cinco hijos habían estado contratados con fondos públicos como asistentes parlamentarios sin ejercer realmente esas funciones.
Fillon mantuvo su candidatura a pesar de resultar imputado en marzo de 2017, pero quedó eliminado en la primera vuelta con un tercer puesto superado por la ultraderechista Marine Le Pen y por el liberal Emmanuel Macron, que se impuso en la última y segunda ronda.
Tres años de polémica
El juicio iniciado este miércoles tiene lugar tres años después de que estallara esa polémica, que acabó con las posibilidades de la derecha de conquistar el Elíseo tras cinco años de mandato del socialista François Hollande. Fillon llegaba a esos comicios con el camino despejado, tras haber vencido en las primarias de su partido al expresidente Nicolas Sarkozy y al ex primer ministro Alain Juppé.
Actualmente retirado de la vida política, prácticamente aislado por la derecha y centrado en la banca privada, ha prometido aportar pruebas en este proceso que demuestren la naturaleza real del trabajo de su esposa.
Para los investigadores, sin embargo, las actividades descritas por los acusados, como la revisión de discursos o la recepción de personalidades, no iban más allá del "rol tradicional" desempeñado habitualmente por parejas de los políticos.
En aquel momento, que los diputados contrataran a familiares como asistentes era una práctica legal y extendida en Francia. En agosto de 2017, no obstante, el Parlamento francés decidió prohibirla en el marco de la ley de "moralización de la vida pública" prometida por Macron durante su campaña.
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