El Gobierno recalca que Argelia no ha roto el Tratado de Amistad y Cooperación con España, sino que lo ha suspendido y confía en superar este choque cuanto antes, aunque ha avisado de que Exteriores estudia las consecuencias y dará una respuesta "firme" para defender los intereses comerciales españoles. Los partidos políticos han advertido al Ejecutivo de que el cambio de posicionamiento frente al Sáhara Occidental en apoyo a la propuesta de autonomía de Marruecos ha perjudicado la relación con Argelia en medio de una crisis energética, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno de Argel que no "haga pagar" al pueblo español los efectos de la "política exterior improvisada" del Gobierno.
Unas declaraciones que los socialistas ven una injerencia además de "agresivas e incendiarias", porque "debilitan la imagen de España". La mayoría de las formaciones políticas han solicitado las comparecencias en el Congreso de varios ministros, sobre todo la del titular de Exteriores, José Manuel Albares, que insiste en que se dará una "respuesta adecuada" a Argelia.
Albares, que no ha desvelado si mantiene ya contactos con el Gobierno de Argel ni qué medidas se tomarán para responder a la suspensión de las relaciones comerciales, ha recordado que el presidente argelino, Abdelmadijd Tebboune, garantizó el suministro de gas a España el 24 de abril.
Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que la decisión de Argelia no afecte a los contratos privados con las empresas energéticas españolas, porque eso sería un problema más complejo que tendría que resolverse con arbitrajes o en los tribunales.
La Comisión Europea también ha intervenido para señalar que ve "extremadamente preocupante" la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y ha instado al país argelino a dar marcha atrás. El Gobierno insiste: "No se trata de una ruptura definitiva", ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha aclarado que Argelia tampoco ha denunciado dicho convenio de colaboración.
La decisión de Argelia ha sido "congelar" las relaciones comerciales, ha recalcado Bolaños en Antena 3, por lo que el Ejecutivo trabaja "con todos los medios diplomáticos disponibles para restablecer cuanto antes" el tratado de amistad. El choque con Argelia, que se produce en el día en que el Congreso convalida el decreto que pone tope al precio del gas -la denominada excepción ibérica, que Bruselas ha aprobado-, ha provocado una lluvia de críticas políticas.
Los populares han dejado entrever que en el cambio de postura del Gobierno frente al Sáhara Occidental pudo tener que ver el espionaje al móvil del presidente del Gobierno.
"Después del inexplicable volantazo diplomático dado por Sánchez respecto al Magreb y de las humillantes consecuencias que está teniendo para España, urge que Sánchez aclare si la información privada robada de su móvil oficial condicionó su errática actuación en este caso", ha escrito el vicesecretario de Institucional en el PP Esteban González Pons en su cuenta de Twitter.
Y los socios parlamentarios del Gobierno ERC y Bildu han sido muy críticos. "Seguramente, les compensa por el control de la valla", con Marruecos, ha considerado el portavoz republicano, Gabriel Rufián, mientras la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido a Sánchez revertir su posición frente al Sáhara porque ha abierto una nueva crisis que puede afectar a las exportaciones vascas.
Otras formaciones como Vox y Cs han pedido las comparecencias de varios ministros como de los titulares de Exteriores, de Agricultura y de la ministra de Transición Ecológica. "El causante de todo este agravio es Pedro Sánchez" y, por tanto, es él quien debe dimitir y convocar elecciones, ha incidido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros en rueda de prensa.
De momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ve "ningún riesgo" de que Argelia incumpla sus contratos de suministro, energético o de otros productos, aunque reconoce que se han activado "todas las alertas". Ribera ha puntualizado que los contratos son entre compañías privadas argelinas y españolas y tienen una vigencia de diez años: "Hoy por hoy" el suministro de gas está funcionando con total normalidad, ha dicho.
También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la suspensión del Tratado de Amistad no afectará a la cooperación en materia de seguridad y en concreto contra la inmigración ilegal.
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